Dos de los desafíos legales presentados contra el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden han llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En agosto, Biden anunció que decenas de millones de estadounidenses serían elegibles para la cancelación de su deuda educativa: hasta $20,000 si recibieron una Beca Pell en la universidad, un tipo de ayuda disponible para familias de bajos ingresos, y hasta $10,000 si no. Las personas que ganaban más de $125,000 o las familias que ganaban más de $250,000 estaban excluidas del alivio.
Desde entonces, los republicanos y los grupos conservadores han presentado al menos seis demandas para intentar acabar con la política, argumentando que el presidente no tiene el poder de cancelar la deuda de los consumidores sin el Congreso y que la política es dañina.
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El gobierno de Biden insiste en que está actuando dentro de la ley, señalando que la Ley de Héroes de 2003 otorga al secretario de Educación de EEUU la autoridad para renunciar a las regulaciones relacionadas con los préstamos estudiantiles durante emergencias nacionales. El país ha estado operando bajo una declaración de emergencia debido al COVID-19 desde marzo de 2020.
La batalla se ha abierto camino en la corte, y ahora los nueve jueces de la Corte Suprema de EEUU han programado sus argumentos legales de alto perfil sobre el plan para fines de febrero.
Esto es lo que necesita saber sobre los dos casos que se escucharán.
SEIS ESTADOS EN CASO LIDERADO POR LOS REPUBLICANOS
El 29 de septiembre, seis estados liderados por republicanos presentaron una demanda contra el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente, argumentando que Biden se estaba extralimitando en su autoridad. Los estados (Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur) alegan que el alivio de la deuda “no está ni remotamente diseñado para abordar los efectos de la pandemia en los prestatarios de préstamos estudiantiles federales, como lo exige la Ley HEROES”.
Sin embargo, el mandato de Biden insiste en que la crisis de salud pública ha causado un daño financiero considerable a los prestatarios de préstamos estudiantiles y que la cancelación de su deuda es necesaria para evitar un aumento histórico en la morosidad y los incumplimientos. Es probable que haga hincapié en esta preocupación a los jueces.
Los estados republicanos también argumentan que la condonación de préstamos afectará a sus entidades que se benefician del difunto programa Federal Family Education Loan (FFEL, por sus siglas en inglés). Bajo ese programa, que fue eliminado en 2010, el gobierno garantizó los préstamos de bancos privados y prestamistas sin fines de lucro. Aunque el Departamento de Educación de EEUU se ha movido a un sistema en el que presta directamente a los estudiantes, millones de prestatarios continúan debiendo préstamos FFEL comerciales.
Los estados señalan que un importante administrador de préstamos con sede en Missouri, la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior de Missouri, o MOHELA, perdería ingresos con el plan porque el gobierno de Biden les había dicho inicialmente a los prestatarios que podían transferir sus préstamos del programa FFEL a los principales bancos federales. programa de préstamo para calificar para su condonación.
Pero el gobierno se movió rápidamente para adelantarse a este argumento, emitiendo una guía en septiembre de que los prestatarios comerciales de FFEL ya no podían consolidar su deuda para ser elegibles para su plan.
Ese desarrollo ha debilitado el argumento de los estados, dijo el experto en educación superior Mark Kantrowitz.
“La posible pérdida de ingresos estatales no es una preocupación constante”, dijo.
DESAFÍO LEGAL PRESENTADO POR DOS PRESTATARIOS
El segundo desafío legal que la Corte Suprema considerará en febrero fue respaldado por Job Creators Network Foundation, una organización de defensa conservadora.
En esa demanda, presentada el 10 de octubre, dos demandantes dicen que han sido perjudicados por “esta extralimitación ejecutiva arbitraria”, según un comunicado de prensa de la fundación.
Una demandante, Myra Brown, dice que se quedó fuera del alivio del presidente porque tiene préstamos comerciales. El otro demandante, Alexander Taylor, dice que no tiene derecho a la cantidad máxima de condonación de $20,000 porque no recibió una Beca Pell cuando estaba en la universidad.
La demanda dice que la política del presidente violó el procedimiento de notificación y comentarios de la Ley de Procedimiento Administrativo, al no permitir que los demandantes opinaran sobre la forma del perdón.
En respuesta, es probable que la administración de Biden argumente que la Ley Héroes de 2003 otorga al secretario de educación la autoridad para realizar cambios en los programas federales de préstamos para estudiantes durante emergencias nacionales sin recibir primero la opinión del público, dijo Kantrowitz.
La Ley de Héroes, dijo, “renuncia explícitamente al requisito de APA para un período de notificación y comentarios”.
“Todo lo que la administración tenía que hacer era publicar las exenciones en el Registro Federal, lo cual hicieron”, dijo.
La administración de Biden ya ha negado que su política cause daño a los demandantes en la demanda, argumentando que, por el contrario, su plan “no le costará nada al demandado Brown y liberará a la demandada Taylor de una deuda de $10,000”.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Nova para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.
