SAN SALVADOR - Eneida Abarca, madre de un joven de 22 años desaparecido en enero en El Salvador, denunció este jueves la "indiferencia" de las autoridades para la búsqueda de su hijo y el bloqueo del caso.
El joven Carlos Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022 en la capital salvadoreña después de salir de su casa para realizar ejercicio y, por los efectos de la pandemia del COVID-19, se encontraba con tratamiento psicológico y psiquiátrico.
"Quiero denunciar como madre que en este proceso de búsqueda durante más de ocho meses por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia", dijo Abarca en conferencia de prensa y señaló que en la Fiscalía le "han bloqueado el caso".
Lamentó que los responsables de su caso en la Policía Nacional Civil (PNC) y en la Fiscalía General de la República (FGR) han dejado de atender sus mensajes.
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"Quiero exigirles que me ayuden a buscar a mi hijo, que cumplan con su mandato de investigar para que este caso no sea una cifra más", subrayó Abarca.
Agregó que ella y su familia lo han "seguido buscando, hemos ofrecido pistas de su posible paradero a las autoridades y, a pesar de eso, no han hecho nada por encontrarlo, me han dejado sola como madre".
Abarca llamó al poder ejecutivo del presidente Nayib Bukele a tener "más empatía con los casos de personas desaparecidas y que asigne más recursos a las autoridades para encontrar a nuestro hijos".
La madre, que es parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que aglutina a más de 60 familias, también indicó que en algunas ocasiones ha notado que las autoridades policiales les dan seguimiento en las jornadas de búsqueda que su familia realiza.
Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
En mayo, activistas de derechos humanos y representantes del Bloque de Búsqueda denunciaron la paralización de las investigaciones por parte de la Fiscalía y Policía, que estarían dando prioridad a las capturas masivas bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo e implementado por el Gobierno para "combatir" a las pandillas.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido varias garantías constitucionales y ha dejado a más 50,500 detenidos.
