Dos exfuncionarios que manejaron temas de inmigración para el entonces presidente Donald Trump dicen que se necesitaría un enfoque de “todo el gobierno” que costaría miles de millones para montar el “mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos” prometido en la plataforma de la convención republicana si Trump es reelegido.
El número exacto de personas que serían deportadas en un segundo gobierno de Trump es difícil de precisar.
Durante el debate presidencial del 29 de junio, Trump afirmó que había 18 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Uno de los dos exfuncionarios de Trump dijo que podría llegar a 30 millones.
La estimación más reciente del gobierno es que poco menos de 11 millones de inmigrantes no autorizados residían en EEUU al 1 de enero de 2022; 500,000 más que dos años antes, pero menos que el total de 2010 de 11.6 millones.
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No está claro cuántos no ciudadanos más han ingresado a EEUU, han cambiado su estatus legal o se han ido voluntariamente desde esa estimación.
Sea cual sea el total actual de inmigrantes indocumentados, las iniciativas de deportación durante los gobiernos de Trump y Biden han sido apenas una pequeña fracción de lo que la plataforma de la Convención Nacional Republicana promete para una segunda presidencia de Trump.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, durante los años de Trump hubo aproximadamente 935,089 deportaciones. Hasta febrero, se estima que hubo 339,751 deportaciones durante el gobierno de Biden.
La semana pasada, según Semafor, un exdirector interino del ICE bajo el gobierno de Trump, que es visto como un posible jefe del Departamento de Seguridad Nacional en un segundo gobierno de Trump, dijo en una conferencia conservadora: “Todavía no han visto nada. Esperen hasta 2025”.
“Trump regresa en enero”, dijo Tom Homan, “lo seguiré de cerca cuando regrese y dirigiré la fuerza de deportación más grande que este país haya visto jamás”.
En una declaración, la secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, dijo: “La mayoría de los estadounidenses quieren deportaciones masivas de inmigrantes ilegales… El primer día que regrese a la Casa Blanca, el presidente Trump comenzará la mayor operación de deportación criminal de inmigrantes ilegales y restablecerá el estado de derecho”.
NBC News le preguntó al director interino del ICE, Patrick J. Lechleitner, qué se necesitaría para deportar a millones de personas
Lechleitner no hizo comentarios sobre la plataforma de la convención republicana, pero dijo que, en general, la deportación es muy complicada y requiere una enorme cantidad de logística: “No se trata solo de ponerlos en aviones y hacerlos volar, lo cual es caro, tenemos que tener aviones. También tenemos que tratar con los países anfitriones. Tenemos que obtener documentos de viaje, tenemos que hacer toda la logística involucrada con eso”.
Dijo que para algunas personas que no están detenidas, el camino hacia la deportación puede llevar años. “Tenemos que monitorearlos todo ese tiempo. Eso requiere muchos recursos”, dijo.
Abigail Andrews, profesora de estudios urbanos y planificación en la Universidad de California en San Diego, que ha estado estudiando datos de deportación durante los últimos 10 años, dijo que es muy escéptica sobre cómo se desarrollaría un esfuerzo de deportación masiva.
“No hay forma logística de rastrear a 10 a 12 millones de inmigrantes indocumentados con los empleados de ICE que tienen actualmente”, dijo.
Andrews dijo que la gran mayoría de los deportados no son arrestados en sus hogares por agentes del ICE, sino que han tenido alguna interacción con las fuerzas del orden locales, como una parada de tráfico, que los lleva finalmente a la custodia del ICE.
Andrews dijo que los esfuerzos realizados por el ICE para perseguir a los delincuentes en los barrios se reservan tradicionalmente para aquellos que son condenados o sospechosos de delitos violentos graves. Y señaló que la investigación ha establecido que los inmigrantes cometen menos delitos que el estadounidense promedio.
Ammon Blair, un ex agente de la Patrulla Fronteriza que dejó la agencia en 2023 y ahora es miembro senior de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, también expresó escepticismo. "Sinceramente, no lo veo sucediendo", dijo. "Uno, porque creo que es un suicidio político, y dos, creo que debemos centrarnos en cuestiones de seguridad nacional".
Blair dijo que un esfuerzo del tamaño propuesto requeriría una fuerte participación de las fuerzas del orden locales, y dijo que las ciudades fronterizas ya están manejando suficiente. "No tenemos la mano de obra ni el espacio para manejarlo", dijo. "El gasto federal tendría que fluir a estas agencias locales". También dijo que la imagen que se tiene de deportar a niños podría generar una reacción negativa significativa.
Mark Morgan, ex comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza durante el gobierno de Trump, dijo que las deportaciones masivas deberían priorizar a quienes han cometido delitos graves en lugar de a las familias. Dijo que la aplicación de la ley podría realizarse mediante fondos adicionales para el ICE, así como con consecuencias para las ciudades que se nieguen a cooperar.
“Creo que una cosa que debemos hacer es perseguir a las ciudades santuario para quitarles su financiación”, dijo Morgan, ahora investigador visitante de la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador.
Los expertos dicen que los costos se acumularían rápidamente con una operación de este tamaño
El presupuesto del ICE para transporte y deportación en 2023 fue de 420 millones de dólares, y ese año la agencia deportó a 142,580 personas. Los costos de la deportación varían ampliamente según el país e incluyen variables como los costos de los vuelos comerciales, las necesidades de seguridad y el uso de vuelos chárter. La expulsión de 10 millones de personas podría costar fácilmente decenas de miles de millones.
Pero los millones de deportados también tendrían que ser detenidos y alojados antes de la expulsión. Actualmente, el ICE administra 41,500 camas en 200 cárceles y centros de detención a un costo de 57,378 dólares por año por cama, según documentos presupuestarios públicos. En caso de una deportación masiva, el gobierno tendría que pagar por muchas más camas.
El costo combinado, dijo Andrews, “sería astronómico”.
Quienes apoyan una deportación masiva dicen que el costo de detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados vale la pena debido al importante ahorro en los gastos de educación y atención médica en las comunidades indocumentadas.
En cuanto a las familias con estatus mixto, como aquellas con hijos que son ciudadanos y padres que son indocumentados, uno de los ex funcionarios de Trump lo ve como una oportunidad, con la esperanza de que la amenaza de expulsar a un miembro impulse a familias enteras a irse. “Tus padres no pueden usarte como un apoyo para justificar su presencia ilegal”, dijo el ex funcionario.
Los ex funcionarios de Trump dijeron que se necesitaría la cooperación de todo el gobierno federal, no solo de los líderes del DHS.
Uno de los ex funcionarios dijo que el esfuerzo requeriría un “apretón de gatillo”, alguien en el DHS que no tendría miedo de ir frente al Congreso y defender el esfuerzo de deportación.
Los exfuncionarios de Trump dijeron que se necesitaría la participación y los recursos de agencias como el Pentágono, al que se le pediría que participara en la creación de campos de detención o en la reubicación de migrantes en bases militares extranjeras. Se recurriría al Departamento del Interior porque podrían necesitarse terrenos federales para los sitios de deportación. Dijeron que también se requeriría la cooperación del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas, así como del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el cuidado y la custodia de los niños no acompañados, para facilitar las deportaciones.
Mario Russell, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios, un grupo de expertos que defiende los derechos de los inmigrantes, coincide en que deportar a millones de personas requeriría la intervención de todos los sectores del gobierno. “Pero sería una locura, absurdamente caro y contraproducente, por no hablar de profundamente cruel”, dijo.
Su equipo estima que alrededor del 50% de la población indocumentada del país son en realidad personas que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas. Dijo que otros podrían tener el estatus de “dreamer”, el estatus de trabajador temporal o estar abriéndose camino a través del sistema de asilo.
También dijo que su grupo se preparó para un escenario de deportación masiva similar antes de la investidura de Trump en 2017 y que no se materializó la expulsión de millones de inmigrantes. “Uno se pregunta si es más una palabrería que una amenaza”, dijo.
Puedes leer este reporte en inglés en NBC News.
