OMAHA, Nebraska — En el punto álgido de la pandemia, la industria de procesamiento de carne trabajó en estrecha colaboración con las personas designadas políticamente en el gobierno de Trump para evitar las restricciones de salud y mantener abiertos los mataderos incluso cuando el COVID-19 se propagó rápidamente entre los trabajadores, según un informe del Congreso publicado el jueves.
El informe del Subcomité Selecto de la Cámara Baja sobre la Crisis del Coronavirus dijo que las compañías cárnicas presionaron para mantener sus plantas abiertas a pesar de que sabían que los trabajadores tenían un alto riesgo de contraer el virus. El cabildeo llevó a los funcionarios de salud y laborales a diluir sus recomendaciones para la industria y culminó en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió en la primavera de 2020 designando las plantas de carne como infraestructura crítica que debía permanecer abierta.
El representante demócrata Jim Clyburn, quien dirige el subcomité, dijo que los funcionarios del USDA y la industria priorizaron la producción y las ganancias sobre la salud de los trabajadores y las comunidades, ya que al menos 59,000 trabajadores contrajeron el virus y 269 trabajadores murieron.
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El exsecretario de Agricultura, Sonny Purdue, quien ahora dirige el Sistema Universitario de Georgia, no respondió de inmediato el jueves.
El informe se basa en comunicaciones entre ejecutivos de la industria, cabilderos y funcionarios del Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y otros documentos que el comité recibió de agencias gubernamentales, Tyson Foods, Smithfield Foods, JBS, Cargill, National Beef, Hormel y otras empresas. Esas firmas controlan el 85% del mercado de carne de res y el 70% de la producción de carne de cerdo a nivel nacional.
El grupo comercial North American Meat Institute dijo que el informe distorsiona la verdad e ignora los pasos que tomaron las empresas al gastar miles de millones de dólares para remodelar las plantas y comprar equipos de protección para los trabajadores a medida que el mundo aprendía más sobre el virus en 2020.
“El Comité Selecto de la Cámara le ha hecho un cruel favor a la nación”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del grupo comercial, Julie Anna Potts. “El Comité podría haber tratado de aprender qué hizo la industria para detener la propagación de COVID entre los trabajadores de carnes y aves, reduciendo los casos positivos asociados con la industria mientras los casos aumentaban en todo el país. En cambio, el Comité utiliza datos 20/20 retrospectivos para respaldar una narrativa que no representa en absoluto los primeros días de una emergencia nacional sin precedentes”.
Uno de los principales sindicatos que representa a los trabajadores de las plantas procesadoras condenó la forma en que el gobierno Trump ayudó a la industria cárnica.
“Solo deseamos que el gobierno de Trump se preocupe tanto por la vida de los trabajadores como por los productos cárnicos, porcinos y avícolas”, dijo Stuart Appelbaum, presidente de Retail, Wholesale and Department Store Union. “Comprendimos que las plantas avícolas debían cerrar para realizar una limpieza profunda y salvar la vida de los trabajadores. Si el gobierno de Trump hubiera desarrollado requisitos de seguridad significativos para los trabajadores desde el principio como deberían haberlo hecho, esto ni siquiera se habría convertido en un problema”.
El informe dice que las empresas cárnicas tardaron en tomar medidas para proteger a los trabajadores del virus y presionaron para que hiciera recomendaciones gubernamentales para exigir el uso de mascarillas, instalar divisores entre las estaciones de trabajo y alentar el distanciamiento social en sus plantas como opcional. La industria ha defendido su respuesta a la pandemia en el pasado y las principales empresas cárnicas dicen que trabajaron agresivamente para cumplir con esos estándares de seguridad y tomaron medidas adicionales para proteger a los trabajadores.
Pero el informe citó un mensaje que un ejecutivo de Koch Foods envió a un cabildero en la primavera de 2020 que decía que la industria no debería hacer más que medir la temperatura de los empleados en la puerta de las plantas. El cabildero estuvo de acuerdo y dijo: “¡Ahora a deshacerse de esos molestos departamentos de salud!”
Con ese fin, el informe dice que los funcionarios del USDA, a instancias de las compañías cárnicas, intentaron usar la orden ejecutiva emitida por Trump para evitar que los funcionarios de salud estatales y locales ordenaran el cierre de las plantas.
Incluso con esos esfuerzos, la producción de carne de EEUU aún cayó a alrededor del 60% de lo normal durante la primavera de 2020 porque varias plantas importantes se vieron obligadas a cerrar temporalmente para una limpieza profunda y mejoras de seguridad u operaron a velocidades más lentas debido a la escasez de trabajadores.
Los documentos descubiertos por el comité mostraron que las empresas cárnicas presionaron mucho por la orden ejecutiva en parte porque creían que los ayudaría a protegerse de la responsabilidad si los trabajadores se enfermaban o morían, algo que una corte federal de apelaciones rechazó más tarde en una demanda contra Tyson por la muerte de trabajadores en un planta de Iowa. Los correos electrónicos muestran que las propias empresas presentaron un borrador de la orden ejecutiva a la administración días antes de que se emitiera.
Al principio de la pandemia, las empresas cárnicas sabían que el virus se estaba propagando rápidamente entre sus trabajadores porque las tasas de infección eran mucho más altas en las plantas y las comunidades circundantes. El informe dice que en abril de 2020, un médico de un hospital cerca de una planta de JBS en Cactus, Texas, le dijo a la compañía y a los funcionarios del gobierno en un correo electrónico que claramente había un brote importante en la planta porque cada paciente de COVID-19 en el hospital trabajaba en la planta o era pariente de un trabajador. “Sus empleados se enfermarán y pueden morir si esta fábrica permanece abierta”, advirtió el médico.
El informe también destacó la forma en que las empresas cárnicas rechazaron agresivamente las recomendaciones gubernamentales de seguridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Eso condujo a la guía final que incluía un lenguaje que efectivamente hizo que las reglas fueran opcionales porque decía que las recomendaciones deberían hacerse "si es factible" o "cuando sea posible".
