WASHINGTON – La Corte Suprema señaló este jueves un profundo escepticismo de que Colorado tuviera el poder de eliminar al expresidente Donald Trump de las elecciones primarias republicanas debido a sus acciones para intentar anular los resultados de las elecciones de 2020.
Durante el argumento de dos horas, la mayoría de los jueces pareció llegar a la conclusión de que los estados no tienen un papel a la hora de decidir si se puede prohibir la candidatura presidencial en virtud de una disposición de la 14ª Enmienda de la Constitución que prohíbe a las personas que "participaron en la insurrección" esperar por este cargo.
Los jueces expresaron su preocupación por el hecho de que los estados llegaran a conclusiones diferentes sobre si un candidato podía postularse y varios indicaron que solo el Congreso podía hacer cumplir la disposición en cuestión.
La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, está abordando varias cuestiones jurídicas novedosas y trascendentales relativas a la Sección 3 de la 14ª Enmienda, promulgada tras la Guerra Civil.
Según esa disposición, destinada a impedir que los exconfederados regresen al poder en el gobierno de Estados Unidos, cualquier persona que haya servido anteriormente como “oficial de Estados Unidos” y luego haya estado involucrada en una insurrección se le prohibiría ocupar un cargo federal.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que "el objetivo" de la 14ª Enmienda era restringir el poder estatal después de la Guerra Civil y cuestionó por qué daría a los estados la capacidad de expulsar a un candidato presidencial de la papeleta.
Adoptando un enfoque similar, el juez conservador Brett Kavanaugh dijo que de toda la 14ª Enmienda estaba claro que "el Congreso tiene el papel principal aquí", citando un fallo de la época de la Guerra Civil que marcó una interpretación temprana de la disposición.
Los jueces también se preguntaron sobre las implicaciones prácticas de permitir que la disposición se interprete estado por estado.
"Creo que la pregunta que hay que afrontar es por qué un solo estado debería decidir quién será presidente de Estados Unidos", dijo la jueza Elena Kagan, una de los tres jueces liberales, a Jason Murray, el abogado que representa a los votantes de Colorado.
"Parece bastante extraordinario, ¿no?" ella añadió.
La jueza Amy Coney Barrett, una conservadora, se hizo eco de ese sentimiento y dijo que "simplemente no parece una decisión estatal".
El juez conservador Samuel Alito estuvo entre quienes calificaron a los estados que llegan a conclusiones diferentes sobre el tema como una "situación inmanejable".
Roberts predijo que si se mantenía el fallo de Colorado, algunos estados expulsarían de la boleta a otros candidatos presidenciales, tanto republicanos como demócratas, y sembrarían el caos en las elecciones presidenciales.
"Esa es una consecuencia bastante desalentadora", dijo.
La jueza Ketanji Brown Jackson, una de los liberales, pareció estar de acuerdo y preguntó por qué los autores de la 14ª Enmienda "habrían diseñado un sistema que podría dar lugar a una falta de uniformidad provisional de esta manera, donde tenemos elecciones pendientes y diferentes estados de repente diciendo: "Usted es elegible, no lo es'”.
La Corte Suprema de Colorado dictaminó en diciembre que Trump podría ser excluido de las elecciones primarias republicanas, pero suspendió su decisión mientras apelaba.
El caso tendría amplias implicaciones si Trump pierde, porque otros estados podrían seguir su ejemplo, poniendo obstáculos en su intento de recuperar la presidencia este otoño. Los funcionarios estatales de gobiernos controlados por los conservadores también han advertido que, en respuesta, podrían intentar sacar al presidente Joe Biden de la boleta electoral.
Trump, que ha asistido con frecuencia a audiencias judiciales recientes en los diversos casos civiles y penales en los que está involucrado, no estuvo en la sala este jueves.
La impugnación legal fue presentada en nombre de seis residentes de Colorado, cuatro de los cuales son republicanos, por el grupo de vigilancia gubernamental de tendencia izquierdista Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y dos bufetes de abogados.
Alegan en documentos judiciales que Trump “organizó e incitó intencionalmente a una turba violenta para atacar el Capitolio de Estados Unidos en un intento desesperado de impedir el recuento de los votos electorales emitidos en su contra”.
Los abogados de Trump han ofrecido varios motivos para desestimar la demanda. Argumentan que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos, que Trump no participó en una insurrección y que sólo el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3.
Los jueces escucharon a los abogados que representan a Trump, a los demandantes de Colorado y a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, la principal funcionaria electoral del estado.
La mayoría conservadora incluye a tres jueces (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett) designados por Trump. Otro conservador, el juez Clarence Thomas, ha enfrentado un escrutinio por su participación en el caso debido al papel de su esposa, la activista política conservadora Virginia “Ginni” Thomas, al respaldar la impugnación de Trump de los resultados electorales. Algunos demócratas habían pedido a Thomas que se recusara.
A pesar de la mayoría conservadora de la corte, regularmente le ha adjudicado pérdidas a Trump desde que dejó el cargo.
El interés en el caso de Colorado aumentó cuando el principal funcionario electoral de Maine concluyó que Trump tampoco era elegible para aparecer en la boleta primaria republicana en ese estado. Al igual que la disputa de Colorado, ese caso quedó en suspenso, lo que significa que Trump permanece en la boleta electoral por ahora en ambos estados.
La Corte Suprema está escuchando el caso de Colorado en un cronograma acelerado y se espera que se emita un fallo dentro de unas semanas. Colorado es uno de más de una docena de estados que celebran sus elecciones primarias el 5 de marzo.
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¿QUÉ DICE LA ENMIENDA 14?
En el centro del debate se encuentra la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.
El texto establece que ningún "miembro del Congreso o funcionario de Estados Unidos" que haya jurado la Constitución y "participado en una insurrección o rebelión" podrá ser "electo presidente o vicepresidente", entre otros cargos públicos.
Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil, con el objetivo de evitar que pudieran volver al poder los rebeldes sureños de la Confederación que traicionaron la Carta Magna.
ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
Los dos bandos están enzarzados en un debate jurídico sobre si la enmienda se puede aplicar a Trump dado que el texto habla de "funcionario" pero no menciona explícitamente al presidente.
La defensa del republicano sostiene además que él no participó en ninguna insurrección dado que el día del asalto pidió a sus seguidores expresarse de "manera pacífica y patriótica", mientras la acusación considera que incitó a la violencia antes y durante el ataque.
El expresidente está imputado por el asalto al Capitolio de cargos como obstruir un procedimiento oficial, pero no de rebelión o insurrección.
Mark Smith, experto constitucionalista de la Universidad de Cedarville, dijo a EFE que el "comportamiento" de Trump coincide con la definición de "insurrección", pero el caso es "complicado" porque se debe demostrar que estuvo directamente implicado en el ataque.
¿HAY ANTECEDENTES?
Esta es la primera vez en la historia que el tribunal más alto del país escucha un caso relacionado con la Sección 3 de la Enmienda 14, un texto que había quedado en desuso después de que el Congreso amnistiara en 1872 a la mayoría de rebeldes confederados.
Tras el asalto al Capitolio, el tema revivió y un tribunal de Nuevo México invocó la enmienda para expulsar al republicano Couy Griffin, quien participó en el ataque, de su cargo como funcionario local en el condado de Otero.
¿QUÉ PASARÍA SI ES INHABILITADO?
Hay también muchas dudas de que la Corte Suprema se incline por aplicar la enmienda debido a las grandes repercusiones que ello podría tener en pleno año electoral y con un país tan polarizado.
"El tribunal ha tenido en general la doctrina de no involucrarse en cuestiones electorales", recalca Smith.
Dar la razón a la Justicia de Colorado marcaría jurisprudencia y abriría la puerta a que numerosos estados controlados por los demócratas pudieran borrar a Trump de las papeletas electorales.
Pero los republicanos han advertido ya que, de hacerlo, acusarían a Biden de "insurrección" por la crisis migratoria en la frontera para buscar su expulsión de las elecciones en los estados que controlan.
