La abogada Alma Rosa Nieto explica que implicaciones tiene la finalización del TPS para Venezolanos en Estados Unidos y qué puede pasar tras presentar la demanda por haberla cancelado.
Varias organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en California introdujeron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en Estados Unidos.
La demanda fue presentada por la Alianza Nacional TPS (NTPSA), junto con otras organizaciones del norte y el sur de California. Los demandantes alegan que la Secretaria Kristi Noem tomó dos acciones ilegales en la semana siguiente a asumir su papel al frente del DHS.
“Tres días después de su confirmación, ‘anuló’ una extensión de las protecciones del TPS para los venezolanos que residen en los Estados Unidos, apenas unas semanas después de que la extensión se publicara debidamente en el Registro Federal”, señala el documento de la demanda.
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“Dos días después, canceló el TPS para los venezolanos que se registraron inicialmente en 2023”.
El DHS no ha dado a conocer comentario alguno sobre la demanda.
El gobierno del presidente Joe Biden había aprobado la extensión por otros 18 meses del TPS el 10 de enero.
EEUU
En ese momento, el DHS había justificado la extensión del TPS para los venezolanos por “la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro”.
La decisión de anular la extensión y la cancelación afecta a unos 600,000 ciudadanos de Venezuela amparados bajo ese estatus, que les daba derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos durante 18 meses.
Sin esta protección, destaca la demanda, unos 350,000 venezolanos beneficiarios del TPS podrían perder su estatus legal humanitario el 7 de abril de 2025, y su autorización de trabajo tan pronto como el 2 de abril de 2025.
“Estas personas no pueden regresar de manera segura a su país de origen. El TPS les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos”, señala el documento.
“Si la terminación del TPS de la Secretaria Noem entra en vigencia, estarán sujetos a deportación pero no podrán regresar de manera segura a su país de origen; y sin autorización legal para vivir o trabajar en los Estados Unidos”.
Otras organizaciones que se suman a la demanda incluyen la American Civil Liberties Union Foundation of Northern California, la American Civil Liberties Union Foundation of Southern California, National Day Laborer Organizing Network y el Center for Immigration Law and Policy at University of Los Angeles School of Law.
