Fiscales de 16 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Arizona y Nuevo México, demandaron el jueves al gobierno del presidente Donald Trump para restaurar el acceso a la ayuda de alivio pandémico para las escuelas, diciendo que la abrupta interrupción del Departamento de Educación de cientos de millones de dólares de financiamiento prometido obligará a recortes en servicios vitales.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito en Manhattan por una coalición de 16 fiscales generales demócratas, liderada por Letitia James de Nueva York, además del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también demócrata.
Afirma que la negativa del gobierno a liberar la ayuda viola la ley federal porque revierte una decisión previa que permitía a los estados acceder al dinero hasta marzo de 2026.
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Los estados fueron notificados a finales del mes pasado que el Departamento de Educación no honraría las extensiones de plazo otorgadas por el gobierno de Joe Biden para gastar el resto de la ayuda de alivio del COVID aprobada por el Congreso para ayudar a las escuelas y estudiantes a recuperarse de los impactos duraderos de la pandemia.
Las escuelas debían gastar lo último de la ayuda para enero, pero muchas solicitaron, y se les concedió, más tiempo.
Al anunciar la reversión, la Secretaria de Educación Linda McMahon dijo que las escuelas habían tenido "tiempo suficiente" para gastar el dinero, pero la agencia consideraría solicitudes de extensiones para proyectos individuales. El departamento no dijo cuánto dinero queda del total de $189 mil millones aprobados.
El estado de Nueva York perdió acceso a $134 millones, dijo la oficina de James en un comunicado de prensa.
Dijo que el financiamiento de alivio ha apoyado reparaciones y mejoras en edificios escolares y la compra de libros de biblioteca, equipo de juegos y autobuses accesibles para sillas de ruedas.
Los distritos también dependieron de la ayuda para programas y servicios para estudiantes sin hogar, así como tutoría para estudiantes que se quedaron atrás debido al tiempo de clase perdido.
“El último ataque del gobierno de Trump a nuestras escuelas perjudicará a nuestros estudiantes más vulnerables y les dificultará prosperar”, dijo James. “Recortar el acceso de los sistemas escolares a recursos vitales de los que nuestros estudiantes y maestros dependen es indignante e ilegal”.
Se unieron a la demanda los fiscales generales de Arizona, California, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregon y el Distrito de Columbia.
