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DENVER, Colorado — Un año y medio antes de ser detenido en un tiroteo que dejó cinco muertos en un club gay de Colorado Springs, Anderson Lee Aldrich presuntamente amenazó a su madre con una bomba casera, lo que obligó a sus vecinos a evacuar mientras los expertos en explosivos y negociadores de crisis le convencían para rendirse.
Pese al susto, no hay registro público de que la fiscalía presentara delitos de amenazas o secuestro contra Aldrich, o de que policía o familiares activaran la ley de “bandera roja” de Colorado que habría permitido a las autoridades confiscar las armas y la munición que la madre del hombre dijo que tenía.
Defensores del control de armas dicen que la amenaza de Aldrich en junio de 2021 es un ejemplo de cómo se ignoró una ley de bandera roja con consecuencias posiblemente mortales. Aunque no está claro si la ley podría haber impedido el ataque del sábado -esas incautaciones de armas pueden limitarse a 14 días o ser ampliadas por un juez en plazos de seis meses-, los activistas dicen que al menos podría haber frenado a Aldrich y hecho que las fuerzas de seguridad le tuvieran en su radar.
“Necesitamos héroes antes: padres, compañeros de trabajo, amigos que ven a alguien ir por este camino”, dijo el representante estatal de Colorado Tom Sullivan, cuyo hijo murió en el tiroteo en un cine de Aurora, y que presentó la ley de bandera roja del estado aprobada en 2019. “Esto debería haberles alertado”.
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Pero la ley que permite retirar las armas a personas consideradas peligrosas para sí mismas o para otros apenas se ha utilizado en el estado, en especial en el condado El Paso, donde se encuentra Colorado Springs, donde Aldrich, de 22 años, supuestamente entró en el Club Q con un arma larga justo antes de la medianoche y abrió fuego antes de ser reducido por los clientes del local.
Un análisis de Associated Press determinó que Colorado tiene una de las tasas más bajas de uso de la bandera roja, pese a que la posesión de armas está generalizada y se han producido varios tiroteos masivos conocidos.
Desde que la ley entró en vigencia en abril de 2019 y hasta 2021, las cortes emitieron 151 órdenes de entrega de armas, tres órdenes por cada 100,000 adultos en el estado. Es un tercio del ratio de órdenes emitidas en los 19 estados y el Distrito de Columbia con leyes similares.
El jefe de la policía del condado, Bill Elder, ha dicho que su oficina espera a que familiares pidan a una corte que emita órdenes de entrega y no las solicita por su cuenta salvo que haya “circunstancias exigentes” y “causa probable” de un delito.
La oficina de la policía del condado declinó responder qué había ocurrido tras la detención de Aldrich el año pasado o si alguien había pedido que se confiscaran sus armas. La nota de prensa publicada entonces por la policía indicó que no se habían encontrado explosivos, pero no mencionaba si se habían recuperado armas.
Una búsqueda de registros judiciales en internet no encontró ningún cargo formal presentado contra Aldrich por el caso del año pasado. Y en una actualización de la historia sobre la amenaza de bomba, el diario local The Gazette reportó que la fiscalía no había presentado cargos y el proceso estaba bajo secreto de sumario.
The Gazette también reportó el domingo que había recibido una llamada de Aldrich en agosto pidiendo que eliminaran o actualizaran un artículo sobre el incidente.
El sociólogo de la Universidad de Duke Jeffrey Swanson, experto en leyes de bandera roja, dijo que el caso de Colorado Springs podría ser otro ejemplo de señal de alarma que fue ignorada.
“Esto parece evidente, si la madre sabía que él tenía armas”, dijo. “Si se quitan las armas de la ecuación, la historia podría haber tenido un final diferente”.
