HOUSTON, Texas — Un juez federal no tomó una decisión inmediata el jueves sobre el destino de una versión modificada de una política federal que evita la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos durante su infancia.
Durante una audiencia ante la corte, abogados que representan a los nueve estados que entablaron una demanda para poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) argumentaron que la política actualizada es prácticamente igual al memo de 2012 que creó la medida en primer lugar, y pidieron al juez federal Andrew Hanen que determine nuevamente que el programa es ilegal.
Hanen declaró en 2021 que el DACA era ilegal, determinando que el programa no había sido sujeto a los periodos de avisos y comentarios públicos que especifica la ley federal de Procedimientos Administrativos. Hanen también señaló que los estados que buscan ponerle fin a la medida tenían derecho a presentar su demanda debido a que habían resultado perjudicados por el programa.
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“Cada aspecto de este programa es... ilegal”, alegó Ryan Walters, de la fiscalía general de Texas, la cual representa a los estados que entablaron la querella. Los estados también han argumentado que la Casa Blanca excedió su autoridad al otorgar beneficios de inmigración cuya decisión corresponde al Congreso.
Los estados han asegurado que deben pagar cientos de millones de dólares por atención médica, educación y otros gastos cuando se permite que los inmigrantes permanezcan de manera ilegal en el país. Los estados que interpusieron la demanda son: Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Abogados del Departamento de Justicia, beneficiarios del DACA y el estado de Nueva Jersey argumentaron durante la audiencia que la parte demandante no ha presentado evidencia alguna de que los gastos que asegura haber hecho debido a la inmigración ilegal hayan estado vinculados con los beneficiarios del DACA.
También arguyeron que el Congreso le ha otorgado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad legal de implementar políticas en materia migratoria.
No obstante, reconociendo que Hanen podría fallar nuevamente en su contra, los abogados que argumentan a favor del DACA también le pidieron al juez que no ponga fin por completo al programa si eso es que lo decide hacer. En su lugar le solicitaron que sólo anule dichas partes que considere ilegales. Los abogados de los estados piden que se cancele todo el programa dentro de un periodo de cuatro años luego de la decisión final.
Texas y los demás estados presentaron su demanda porque no están de acuerdo con las políticas de inmigración y no debido a preocupaciones sobre la aplicación de las leyes, señaló Nina Perales, del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (o MALDEF por sus siglas en inglés), quien habló ante Hanen a nombre de los beneficiarios de DACA.
Hanen no emitió un fallo inmediatamente después de la audiencia del jueves ni fijó un plazo para dar a conocer su decisión.
“Tomaremos una decisión al respecto lo más pronto posible”, dijo Hanen, quien fue designado al cargo por el entonces presidente George W. Bush en 2002.
Antes y después de la audiencia del jueves, más de 50 personas se congregaron en las inmediaciones del tribunal para expresar su apoyo al DACA. Muchos de ellos portaban pancartas con leyendas como: “Reforma Migratoria Ahora” y “Defiendan el DACA”.
Maritza Gutiérrez Ramos, una beneficiaria del DACA de 28 años que viajó desde Dallas para asistir a la audiencia, dijo que el programa le ha dado muchas oportunidades, pero sigue agobiada por la ansiedad y quiere algo más permanente.
“Intento ser optimista, pero si las cosas no salen a nuestro favor, Dios nos proveerá algo mejor”, dijo Gutiérrez Ramos, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía apenas 11 meses de edad.
Isaías Guerrero, de 38 años, un beneficiario del DACA que viajó desde Washington, DC para asistir a la audiencia judicial, describió las afirmaciones hechas por los abogados de Texas sobre los costos vinculados a la inmigración ilegal como “argumentos huecos.”
“No se mencionó la cantidad de dinero que pagamos en impuestos... y la contribución general a la sociedad”, señaló Guerrero, quien emigró de Colombia cuando tenía 15 años y creció en Indiana.
