WASHINGTON DC - El gobierno de Biden enviará tropas en servicio activo a la frontera sur mientras se prepara para lo que se espera sea un aumento de la migración tras el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 la próxima semana.
A pedido del Departamento de Seguridad Nacional, se espera que el Departamento de Defensa proporcione un aumento temporal de 1,500 militares durante 90 días para aumentar los 2,500 militares que actualmente brindan apoyo en la frontera, según un funcionario estadounidense familiarizado con la solicitud del DHS.
Las tropas estarían en servicio activo, no en la Guardia Nacional, y no estarían armadas. No usarían la fuerza ni realizarían arrestos, pero apoyarían a la patrulla fronteriza según fuera necesario, de conformidad con la Ley Posse Comitatus, que impide que las fuerzas armadas hagan cumplir la ley dentro de las fronteras de EEUU.
Más de 5,000 soldados fueron enviados a la frontera durante el gobierno de Trump.
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Según el Pentágono, a pedido del Departamento de Seguridad Nacional, se aprobó un aumento temporal del Departamento de Defensa de 1,500 efectivos militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en la frontera suroeste.
“Durante 90 días, estos 1,500 militares llenarán las brechas de capacidad críticas, como detección y monitoreo en tierra, ingreso de datos y soporte de almacén, hasta que CBP pueda abordar estas necesidades a través del soporte contratado. El personal militar no participará directamente en las actividades de aplicación de la ley. Este despliegue en la frontera es consistente con otras formas de apoyo militar al DHS durante muchos años".
La política interpuesta por Trump, dejará de existir el 11 de mayo, cuando ya no existan las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública por el COVID-19.
Desde marzo del 2020, a los inmigrantes se les ha negado el derecho de pedir asilo amparados en el derecho nacional e internacional en 2.5 millones de ocasiones, basándose en el Título 42, la medida para proteger la salud pública que iba a expirar en diciembre pasado pero que el magistrado presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ordenó su suspensión temporal.
