SAN DIEGO, California — El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra en pláticas para pagar cientos de miles de dólares a cada niño y padre de familia que fueron separados en apego a una política implementada durante la presidencia de Donald Trump que separó a las familias migrantes en la frontera sur del país, informó el jueves una persona al tanto de las negociaciones para resolver las demandas.
El periódico The Wall Street Journal fue el primero en reportar que el gobierno consideraba pagos de unos 450,000 dólares a cada persona que se vio afectada por la medida. Una persona al tanto de las discusiones comentó a The Associated Press que esa cifra seguía bajo consideración, pero que había sido modificada aunque no de forma drástica. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que las discusiones son privadas.
Las discusiones siguen en curso y no existe una garantía alguna de que las dos partes lleguen a un acuerdo.
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Aproximadamente unos 5,500 niños fueron separados de sus padres en virtud de la política de “tolerancia cero” de Trump, bajo la cual los padres de familia fueron separados de sus hijos para ser procesados penalmente por cruzar la frontera de manera ilegal, de acuerdo con unos documentos entregados a la corte en un caso federal en San Diego. Los sistemas de rastreo inadecuados provocaron que muchas familias estuvieran distanciadas durante mucho tiempo. Los pagos son con el fin de compensar el trauma psicológico.
Los abogados de las familias también buscan que se otorgue un estatus de permanencia legal en Estados Unidos a aquellos que fueron separados por la política, la cual un juez suspendió en junio de 2018, seis días después de que Trump le pusiera pausa en medio de una indignación a nivel internacional.
El Departamento de Justicia no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios realizada el jueves por la noche.
Las negociaciones para resolver las demandas involucran a varios bufetes de abogados. La Unión Americana de Libertades Civiles representa a los padres de familia en el caso de San Diego.
La Alianza Nacional de Litigio de Inmigración representa a cinco madres y sus hijos que estuvieron separados durante más de dos meses, incluidos cuatro niños que fueron enviados a centros de detención en Nueva York. El año pasado, un juez federal de Arizona rechazó el intento del gobierno para desestimar el caso.
“Ninguna cantidad de dinero puede compensar la cantidad de dolor y sufrimiento que estos padres y niños soportaron bajo esta política desmesurada y sin precedentes”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la alianza.
Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia emitido en enero señaló que un “enfoque único en el aumento de los juicios de inmigración se produjo a expensas de la consideración cuidadosa y adecuada del impacto de los juicios de la unidad familiar y la separación de los niños”.
