Un juez federal bloqueó un paquete de restricciones con el que el gobierno de Donald Trump pretendía imponer nuevas reglas para la solicitud de asilo en Estados Unidos, a menos de dos semanas de que Joe Biden asuma la presidencia.
Las reglas debían entrar en vigencia a partir del próximo lunes 11 de enero. Sin embargo, la orden judicial tiene un impacto limitado debido a que desde marzo el gobierno suspendió las solicitudes de asilo político en la frontera entre EEUU y México, citando preocupaciones de salud pública por la pandemia.
La administración de Trump puede apelar el fallo y había argumentado que las medidas se tomaron como consecuencia de un sistema plagado de abusos y abrumado por afirmaciones sin mérito.
El juez federal James Donato respaldó a un grupo de activistas que demandaron las normas migratorias argumentando que el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, carecía de autoridad para imponer estas restricciones sin haber sido confirmado por el Senado.
Donato recordó en su fallo que esta es la quinta vez que un tribunal federal falla contra el Departamento de Seguridad Nacional por los mismos motivos.
Esta “última regla”, que entraría en efecto a mediados de enero, hacía cambios a los criterios que los solicitantes de refugio deben cumplir para ser elegibles, en especial aquellos que buscan pedir asilo desde la frontera sur.
Por ejemplo, las personas que hayan atravesado otro país antes de llegar a EEUU podrían enfrentar más obstáculos en sus procesos. Aunque una versión de esta medida ya aplicaba -con algunas excepciones- para aquellos que pasaban por México desde otros puntos de Latinoamérica, estas indicaciones adicionales amplían el número de individuos de otras naciones que caerían en esa categoría.
Asimismo, las nuevas directrices daban más holgura a los jueces de inmigración y a los funcionarios que procesan las solicitudes para que rechacen diversos tipos de peticiones de asilo, incluyendo los de aquellos que aseguran ser víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
También les indicaba que valoren como negativas las solicitudes de individuos que arribaron al país de forma ilegal o usaron documentos fraudulentos.
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
