AUSTIN, Texas — Luz Rivas dice que cuando era niña, recuerda haber visto la palabra en inglés “alien” (extranjera) escrita en la tarjeta de residencia estadounidense de su madre.
Bajo los parámetros fríos del gobierno, la palabra era un indicativo de que su madre no era todavía una ciudadana de Estados Unidos, pero para su hija, la palabra tenía una carga más personal. Aunque estaban en el proceso de naturalización, significaba que su familia no pertenecía a su nuevo país.
“Quiero que otros hijos de inmigrantes, como yo, no sientan lo que yo sentí, lo que sintió mi familia, cuando vi la palabra ‘alien’”, dijo Rivas, ahora congresista del estado de California.
La legisladora demócrata intentó retirar el término y este año escribió una propuesta de ley —que ya fue aprobada— que busca reemplazar esa palabra de leyes estatales con otros términos como “no ciudadano” o “inmigrante”. Su esfuerzo sirvió como inspiración para un cambio similar en el gobierno del presidente Joe Biden.
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Los inmigrantes y grupos defensores de los inmigrantes dicen que el término “alien”, sobre todo cuando se junta con “ilegal”, es deshumanizante y puede tener un efecto dañino en las políticas inmigratorias.
La palabra se convirtió este año en tema de debate en varios estados, mientras aumentaba el número de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que a su vez motivó un fuerte rechazo a las políticas de la administración Biden por parte de los gobernadores y legisladores republicanos.
Legisladores en al menos siete estados analizaron este año eliminar el uso de “extranjero” e “ilegal” de los estatutos estatales y reemplazarlo con descripciones como “sin documentos” y “no ciudadano”, según la National Conference of State Legislatures (Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales).
Inmigración
Solo dos estados, California y Colorado, hicieron el cambio al final.
“Quiero que todos los californianos que contribuyen a nuestra sociedad, que son propietarios de pequeñas empresas, que trabajan mucho, sientan que son parte de las comunidades de California”, dijo Rivas como justificación a su ley.
La senadora estatal Julie Gonzales, que copatrocinó la nueva ley de Colorado, dijo durante una audiencia legislativa que palabras como “extranjero” eran algo “deshumanizante y despectivo” cuando se aplicaban a los migrantes. Gonzales dijo que la ley tenía el objetivo de eliminar el único lugar en la ley de Colorado en donde se usaba el término “illegal alien” (“extranjero ilegal”) para describir a personas que vivían en Estados Unidos sin autorización.
“Ese lenguaje ha sido ofensivo para muchas personas”, dijo. “Y parte del razonamiento detrás está muy arraigado con esta idea de que una persona sin duda puede cometer un acto ilegal, pero ningún ser humano por sí mismo es ilegal”.
El uso de la palabra “extranjero” para describir a quienes no son ciudadanos de Estados Unidos tiene una historia larga, que data de la primera ley de naturalización del país, aprobada cuando George Washington era presidente. Ante el temor de la guerra con Francia, el Congreso también aprobó la “Alien and Sedition Act” (Ley de Extranjería y Sedición) en 1798, con el intento de suprimir la subversión política.
Cambiar la terminología del gobierno implementada desde hace mucho tiempo para referirse a los migrantes no es considerado como necesario ni es deseado por todos.
Sage Naumann, vocero de una organización que representa a los republicanos en el Senado de Colorado, dijo que la legislatura con mayoría demócrata podría invertir su tiempo en asuntos de mayor importancia para los ciudadanos, como tomar medidas para combatir la inflación, atacar la delincuencia y mejorar la educación.
Naumann afirmó que dudaba que al residente promedio de Colorado, “o al estadounidense, le importen qué palabras semicontroversiales estén enterradas en sus leyes estatales”.
El gobierno de Biden también recibió oposición después de cambiar su política.
En abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ordenó a sus empleados evitar la palabra “extranjero” en documentos internos y comunicados públicos y reemplazarla con “no ciudadano” o “migrante”. El término “extranjero ilegal” también se eliminó para ser reemplazado con descripciones como “no ciudadano indocumentado”.
“Hacemos cumplir las leyes de nuestra nación mientras mantenemos la dignidad de todos los individuos con los que interactuamos”, escribió Troy Miller, comisionado interino, a sus empleados en la agencia policial más grande de Estados Unidos, que incluye a la Patrulla Fronteriza. “Las palabras que usamos importan y servirán para otorgar más esa dignidad a quienes están bajo nuestra custodia”.
El director de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, se opuso. Escribió a otras personas en la agencia que el edicto contradecía la terminología en leyes delictivas —aunque Miller hizo una excepción para documentos legales— y sumió a la agencia en un debate partidista. Scott, designado durante la presidencia de Donald Trump, se negó a firmar la orden y cree que su franqueza en ese y otros temas contribuyeron para que fuera obligado a dejar su puesto en junio.
“Cambiar la ley está bien, pero hasta entonces realmente estás politizando la misión”, dijo Scott en una entrevista.
Un análisis realizado por The Associated Press (que no se refiere a las personas como “extranjeras” a menos que sean citas textuales) halló que más de una decena de estados todavía usan los términos “extranjero” o “ilegal” en leyes relacionadas con inmigrantes. Entre ellos está Texas, donde un intento legislativo para cambiar a otra terminología avanzó este año en una comisión con apoyo bipartita, pero no logró presentarse ante el pleno de la Cámara de Representantes de Texas.
El representante estatal Art Fierro, un demócrata, dijo que esperaba un “contragolpe” cuando propuso el cambio, pero tras los debates de la comisión, dijo que para su sorpresa el cambio fue considerado por ambos partidos como un intento por usar términos más “dignos y respetuosos”. Indicó que sugirió el cambio porque sentía que los términos originales eran denigrantes para quienes buscaban avanzar a través del proceso de inmigración.
Fierro agregó que planea presentar otra propuesta de ley para reemplazar los términos durante la próxima sesión ordinaria legislativa, en 2023. “Sólo intentamos tratar a la gente de forma humana”, dijo.
Rosalidia Dardon sabe por experiencia personal por qué el lenguaje que rodea a la inmigración es tan importante.
Después de huir de la violencia en El Salvador, pasó aproximadamente 16 meses en un centro de detención en California antes de llegar a un albergue de refugiados en Texas en 2016. Estaba determinada a encontrar un trabajo mientras presentaba su solicitud de asilo, pero perdió su visa de trabajo después de que expiró su estatus de protegida.
Dardon, de 54 años, dice que su búsqueda de trabajo se viera marcada por rechazo tras otro se debió a la tobillera de rastreo— un dispositivo colocado en el tobillo a personas, frecuentemente a delincuentes o sospechosos bajo arresto domiciliario para conocer su ubicación de forma automática— que tenía que usar y a la descripción de los inmigrantes con términos como “ilegal”.
Un detalle específico sigue congelado en su memoria.
“No te daré trabajo porque eres una delincuente”, dijo Dardon a la AP repitiendo las palabras que le dijo un gerente de contratación en Texas.
“Me preguntaría a mí misma y a Dios por qué me pusieron una tobillera de rastreo si mi único pecado fue ir a un país que no era el mío”, dijo Dardon, cuyo caso de inmigración sigue pendiente. “Sin los latinos, este país se hundiría en una espiral. Por eso deberían tratarnos mejor”.
