LAS VEGAS — En un fallo judicial con posibles repercusiones de gran magnitud en los juicios migratorios en Estados Unidos, una jueza federal de Nevada determinó que una ley penal de 1929 que convierte en delito que una persona deportada regrese al país es inconstitucional.
En una orden emitida el miércoles, la jueza federal Miranda Du, en Reno, falló que la ley conocida como Sección 1326 está basada en “orígenes racistas y nativistas”, y discrimina a mexicanos e hispanos, lo que viola la cláusula de protección igualitaria de la 5ta Enmienda Constitucional.
“Todo aquel que trabaja en un tribunal federal conoce el estatuto”, dijo el jueves Franny Forsman, exdirectora de la Oficina Federal de Defensores Públicos de Nevada. “A lo largo de los años se han presentado una gran cantidad de casos bajo dicha sección. En su mayoría son casos para defensores públicos”.
ESTÁ BASADA EN ''ORÍGENES RACISTAS Y NATIVISTAS'', DIJO LA JUEZA
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La Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad convierte en delito grave que una persona ingrese a Estados Unidos después de que se le negó el acceso, o haya sido deportada o expulsada.
La ley se promulgó en 1952 utilizando la redacción de la Ley de Extranjeros No Deseados que aprobó el Congreso en 1929. La pena que conlleva la violación a esta ley ha sido incrementada en cinco ocasiones entre 1988 y 1996 para aumentar su valor disuasivo.
Forsman señaló que prevé que el gobierno presente una apelación ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito, en San Francisco.
Sin embargo, Julián Castro, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, expresó a través de Twitter sus dudas de que el Departamento de Justicia quiera defender una ley con “un historial increíblemente racista”.
Ni el secretario interino de Justicia de Nevada, Christopher Chiou, ni uno de sus asistentes respondieron de momento a solicitudes de comentario al respecto.
Forsman dijo que el fallo de Du es innovador por ser tan meticuloso. Du, una inmigrante vietnamita, fue nominada al cargo por el presidente Barack Obama y rindió juramento en 2012.
“Creo que tendrá implicaciones porque será difícil contradecir su lógica”, dijo Forsman sobre el dictamen. “Es difícil eludir un estatuto que era conocido como la ‘Ley de Espaldas Mojadas’ entre aquellos que lo promulgaron”.
El término despectivo a menudo se refiere a los inmigrantes mexicanos que ingresan ilegalmente al país, pero también se usa para denigrar a todos los hispanos.
Du dijo que tomó en cuenta argumentos orales y escritos, y testimonio experto sobre la historia legislativa de la norma por parte de los profesores Benjamin Gonzalez O’Brien, de la Universidad Estatal de San Diego, y Kelly Lytle Hernández, de la Universidad de California, campus Los Ángeles.
“Más importante aún, el gobierno no disputa que la Sección 1326 se enfoca más en los individuos mexicanos y latinos”, señaló la jueza en su orden de 43 páginas en la que desestimó los cargos penales presentados contra Gustavo Carrillo López en junio de 2020.
Carrillo López fue arrestado en Nevada en 2019 después de que fue deportado en 1999 y nuevamente en 2012, según los fiscales. Su defensora pública, Lauren Gorman, no respondió de momento a un email en busca de comentarios.
La jueza señaló que no vio datos disponibles al público sobre la nacionalidad de las personas procesadas por violaciones a la Sección 1326, pero hizo referencia a estadísticas de la Patrulla Fronteriza que indican que más del 97% de las personas detenidas en la frontera en el año 2000 eran de origen mexicano, el 86% en 2005 y el 87% en 2010.
“El gobierno arguye que el impacto es ‘producto de la geografía, no de la discriminación’ y que las estadísticas son más bien reflejo de la proximidad de México con Estados Unidos, el historial de patrones laborales en México y factores sociopolíticos y económicos que impulsan la migración”, escribió Du. “Esta corte no está convencida”.
