WASHINGTON - El Departamento de Justicia le notificó este martes a la Corte Suprema de Justicia que dejará de defender la aplicación de la polémica regla de carga pública, impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump y cuya legalidad estaba en disputa en el máximo tribunal. Tras la decisión del organismo, la Corte Suprema desestimó la apelación.
La Corte Suprema de Justicia había aceptado en febrero escuchar un caso sobre la legalidad de la expansión hecha por Trump a la regla de carga pública, una norma que condiciona a algunos inmigrantes que buscan convertirse en residentes permanentes.
Varias cortes menores habían bloqueado la entrada en vigor de la nueva definición de “carga pública”, sin embargo, el gobierno de Trump apeló el caso, que ahora estaba pautado a ir ante los magistrados del máximo tribunal.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.
Fue en 2019 que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que expandiría la definición de “carga pública”.
Una norma del gobierno para inmigrantes que buscan obtener la “green card” es demostrar que no utilizarán de forma excesiva los beneficios de asistencia federal. Las autoridades migratorias pueden negar una petición de residencia permanente si piensan que el solicitante dependerá del gobierno para sus ingresos y no será autosuficiente.
Anteriormente, los oficiales de inmigración basaban su decisión en si el solicitante utilizaría o no beneficios monetarios del gobierno, pero el gobierno del expresidente Trump propuso expandir la definición para incluir a aquellas personas que, de convertirse en residentes permanentes, podrían utilizar otros beneficios no monetarios como el Medicaid, y asistencia alimentaria o de vivienda.
Bajo la modificación de Trump, cualquier persona que utilice esa ayuda no monetaria del gobierno federal durante 12 meses en un período de tres años sería vetada de poder obtener la residencia permanente.
El presidente Joe Biden le ordenó a principios de febrero al Departamento de Seguridad Nacional revisar la regla de carga pública.
