WASHINGTON - El gobierno del presidente Joe Biden autorizó a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a evaluar la desestimación de los casos de deportación y de asilo de ciertos inmigrantes que no cruzaron la frontera recientemente y que no son una amenaza para la seguridad pública.
La nueva guía enviada este lunes a los abogados de ICE se basa en las prioridades del gobierno, puestas en marcha en noviembre pasado para enfocar sus esfuerzos en detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza.
LA MEDIDA AFECTARÍA A UNOS 700,000 CASOS
La medida afectaría a unos 700,000 expedientes, que en caso de ser cerrados, sería de manera temporal.
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La decisión fue tomada para aliviar los considerables retrasos de casos que abarrotan las cortes de inmigración en todo el país en preparación para el posible aluvión de casos que lleguen a las cortes cuando se termine la aplicación del Título 42, que no permite a los solicitantes de asilo a entrar al país mientras aguardan la resolución de sus peticiones.
Desde el gobierno se resaltó que los casos a considerar no deben tener antecedentes policiales y no deben presentar una amenaza a la seguridad nacional.
