WASHINGTON — Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, Estados Unidos ha estado utilizando una regla de salud pública diseñada para limitar la propagación de enfermedades con el fin de expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera con México.
Se llama Título 42, y ha sido utilizada más de 2.5 millones de veces para expulsar a migrantes desde marzo de 2020, aunque ese número incluye a personas que intentaron cruzar la frontera en repetidas ocasiones.
La Corte Suprema indicó en un fallo el martes que mantendrá el Título 42 en vigor indefinidamente. El caso será sometido a discusión en febrero, y la medida de restricción al asilo continuará vigente hasta que los jueces tomen una decisión al respecto.
LA MEDIDA MIGRATORIA IMPONE RESTRICCIONES A QUIENES SOLICITAN ASILO EN LA FRONTERA CON MÉXICO
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.
En noviembre, un juez federal determinó que las autoridades de inmigración ya no podían usar el Título 42 para expulsar rápidamente a los que soliciten asilo y estableció una fecha límite que vencía el 21 de diciembre para que se dejara de aplicar.
Eso desató un forcejeo jurídico, en el que un grupo de estados de tendencia conservadora presionan para mantener vigente el Título 42, y el gobierno federal y activistas por los derechos de los inmigrantes dicen que ya es hora de suspenderlo.
El cambio es implementado en un momento en que crecientes cantidades de personas intentan ingresar al país a través de la frontera sur, y en que los republicanos están decididos a hacer de la inmigración un tema crucial cuando asuman el control de la Cámara de Representantes en enero.
A continuación presentamos un vistazo al Título 42 y al impacto potencial del fallo:
CÓMO COMENZÓ
En marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden para limitar la inmigración a través de las fronteras norte y sur del país, bajo el argumento de que era necesario para reducir la propagación del coronavirus.
El COVID-19 estaba causando estragos en Estados Unidos, las escuelas estaban cerrando y los hospitales saturándose, y el presidente Donald Trump intentaba diversas estrategias para limitar la inmigración, un tema distintivo de sus políticas.
La orden le autorizaba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a expulsar inmediatamente a los migrantes, incluyendo a gente que solicitaba asilo, con el fin de prevenir la propagación del virus.
En la orden se hacía notar que, frecuentemente, las áreas en las que los migrantes eran detenidos no estaban diseñadas para tener a personas en cuarentena ni permitían el distanciamiento social, lo que podría poner en riesgo al personal fronterizo y a otras personas.
“Los riesgos a la salud pública por la inacción son marcados”, señaló.
El gobierno del presidente Joe Biden mantuvo esa política. Aunque muchos demócratas presionaron a Biden para que revocara las medidas de Trump contra la inmigración, algunos —especialmente en estados fronterizos— han propugnado por mantener el Título 42, diciendo que Estados Unidos no está preparado para un incremento en los solicitantes de asilo.
Cuando los CDC actuaron para suspenderlo este año, algunos demócratas moderados, incluidos los senadores Mark Kelly y Raphael Warnock, querían que se quedara.
LA LUCHA EN LOS TRIBUNALES
En 2021, un grupo que representa a inmigrantes a los que se les negó el derecho a solicitar asilo demandaron para que se ponga fin al uso del Título 42.
A medida que esa demanda se abría paso en las cortes, los CDC anunciaron en abril que la regla ya no era necesaria porque el acceso a las vacunas y los tratamientos estaba volviéndose mucho más generalizado.
Eso impulsó a estados de tendencia republicana a interponer su propia demanda con el fin de mantener en vigor el Título 42. Alegaron que poner fin a la regla conduciría a un incremento en la llegada de migrantes a esos estados, lo que a su vez tendría un impacto sobre sus servicios.
Ese argumento fue respaldado por un juez nombrado por Trump en Luisiana, el cual ordenó mantener las restricciones. El juez determinó que el gobierno de Biden no siguió los procedimientos administrativos que requieren avisar al público y conceder tiempo para reunir los comentarios de la gente sobre el plan para poner fin a las restricciones.
Pero ese fallo fue bloqueado por otro juez federal en una demanda por separado en Washington.
Ese juez, nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton, determinó el 15 de noviembre que el gobierno de Biden debe suspender las restricciones al asilo para el 21 de diciembre.
Ese fallo, el cual aborda cuestionamientos más amplios sobre el Título 42, prevaleció por encima de la determinación del juez de Texas, lo cual agradó a los activistas que defienden a los migrantes. En un desarrollo crucial, el gobierno federal no apeló para mantener vigentes las restricciones de salud pública.
“La corte actuó correctamente al determinar que prohibir (el ingreso de) migrantes, mientras permite que el resto del país abra sus fronteras, es ilegalmente arbitrario, provoca daño grave a los solicitantes de asilo desesperados, y hace caso omiso de los compromisos jurídicos de Estados Unidos para proporcionar un refugio seguro a los que huyen de persecuciones”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Pero un grupo de estados conservadores intentó intervenir para que el Título 42 siguiera en vigor.
Argumentaron que la cancelación de esa política de la pandemia “provocará un desastre enorme en la frontera”, y los migrantes adicionales que ingresen generarán un incremento en los costos que pagan los estados en vigilancia policial, educación y servicios de salud.
También han argumentado que tenían que intervenir después de que el gobierno federal no presionó para que el Título 42 se siguiera aplicando. El caso ha ido a parar hasta la Corte Suprema, que la semana pasada ordenó que el Título 42 continuara temporalmente de forma que el máximo tribunal pudiera estudiar concienzudamente los argumentos de ambas partes.
La decisión de la Corte Suprema el martes extendió la permanencia temporal en forma indefinida y estableció un cronograma en febrero para escuchar argumentos.
¿EL TÍTULO 42 AFECTA A TODOS LOS SOLICITANTES DE ASILO?
En realidad no. El gobierno de Biden no lo ha utilizado con niños que viajan solos, sino sólo con adultos solteros y familias. Y la prohibición ha sido aplicada en forma desigual según la nacionalidad, recayendo principalmente en los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, porque México permite que sean devueltos a su territorio desde Estados Unidos.
El mes pasado, el gobierno mexicano comenzó a aceptar a venezolanos que son expulsados bajo el Título 42, lo que provocó un fuerte descenso en el número de venezolanos que solicitan asilo en la frontera sur estadounidense.
Es menos probable que algunas otras nacionalidades se vean sujetas al Título 42 debido a los costos o a las relaciones tensas con sus países de origen —Cuba, por ejemplo, lo cual le dificulta a Washington deportarlas allí.
Cada vez hay más personas de esos países en la frontera norte de México, las cuales confían que serán puestas en libertad en Estados Unidos para que den seguimiento a sus casos de inmigración.
Según las cifras más recientes difundidas por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los cruces fronterizos ilegales por parte de cubanos y nicaragüenses se incrementaron agudamente en noviembre, mientras que los flujos migratorios en general presentaron pocos cambios con respecto a octubre.
¿QUÉ OCURRIRÁ SI SE SUSPENDE EL TÍTULO 42?
Si es cancelado, funcionarios de asilo entrevistarán a los solicitantes y determinarán si tienen un “miedo creíble” de ser perseguidos en sus países de origen. Si se halla que sí enfrentan una amenaza creíble, pueden quedarse en Estados Unidos hasta que se llegue a una decisión final.
Eso puede llevar años. Aunque algunos permanecen detenidos mientras se resuelve su proceso de solicitud de asilo, la gran mayoría son puestos en libertad en Estados Unidos con avisos de que se presenten ante una corte de inmigración o se reporten ante las autoridades migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un memorándum en el que esbozó sus preparativos para el fin del uso del Título 42 que el sistema actual no está diseñado “para manejar el volumen actual de la migración ni el incremento en el volumen que prevemos en las próximas semanas y meses”.
Dijo que está preparándose para un posible aumento combatiendo a las redes de contrabando, agilizando la expulsión de las personas que se determine tienen pocos fundamentos para permanecer en Estados Unidos, y trabajando con socios internacionales para contener el flujo migratorio.
Señaló que también le está solicitando más dinero al Congreso. Mientras tanto, luego de que las temperaturas se desplomaron la semana pasada, miles de migrantes se reunieron del lado mexicano de la frontera a la espera de ver qué ocurrirá cuando llegue a su fin el uso del Título 42, si es que realmente se levanta.
Se prevé que los republicanos, que controlarán la Cámara de Representantes a partir de enero, hagan de la inmigración un tema prioritario. Ya ha habido exhortaciones para que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sea enjuiciado políticamente.
Algunos demócratas también han expresado su preocupación en torno a lo que ocurrirá cuando el Título 42 sea suspendido.
En una carta a Biden esta semana, el senador Joe Manchin y el representante Henry Cuellar se unieron a dos republicanos —el senador John Cornyn y el representante Tony Gonzales— en pedirle al mandatario que mantenga el Título 42 en vigor, diciéndole que hay una crisis en la frontera sur y el DHS no ha presentado un plan para mantener el control allí.
