WASHINGTON — En un intento por demostrar su compromiso con los indígenas estadounidenses, el presidente Joe Biden anunció este lunes una medida para ayudar a mejorar la seguridad pública y justicia en sus comunidades, que experimentan más del doble de delitos que el promedio nacional.
El gobierno también anunció sus planes de proseguir con una prohibición de 20 años en la explotación de petróleo y gas en el cañón Chaco, un antiguo patrimonio de los indígenas en el noroeste de Nuevo México.
“Tenemos que seguir defendiendo la dignidad y soberanía de las naciones tribales”, declaró Biden en una cumbre de la Casa Blanca de dichas naciones, la primera desde 2016. La cumbre de dos días se llevaba a cabo de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que ha afectado a los indígenas y a las tribus de Alaska a un ritmo desproporcionado.
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Biden firmó una orden ejecutiva que exige que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y del Interior se coordinen para ayudar a combatir el tráfico humano y crimen en tierras nativas. Trabajarán para fortalecer la participación en programas de Alerta Amber (de búsqueda de menores desaparecidos) y programas de capacitación nacional para agentes federales, y crearán un puesto de enlace con familiares y defensores.
Los indígenas estadounidenses y los pueblos originarios de Alaska tienen más del doble de probabilidades de ser víctimas de un delito violento, y las mujeres al menos dos veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente en comparación con otras razas, de acuerdo con la Asociación de Asuntos Indígenas de Estados Unidos.
En el ámbito cultural, el gobierno anunció una medida para proteger el cañón Chaco, un parque nacional y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO al noroeste de Albuquerque, Nuevo México.
La secretaria del Interior, Deb Haaland, dijo que la Oficina de Administración de Tierras comenzará a analizar la posibilidad de un retiro de 20 años de tierras federales en un radio de 10 millas del Parque Histórico Nacional de la cultura Chaco. Dicha medida prohibiría nuevas concesiones para explotar petróleo y gas, y desarrollar esas tierras. Esas tierras no serán elegibles mientras se desarrolle el estudio, aunque administraciones pasadas ya han optado por imponer la zona neutral administrativamente.
