WASHINGTON - El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves una demanda contra Texas por la nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación.
La querella, se inició en una corte federal de Austin, alega que la ley es inconstitucional y que el estado se desmarca de la responsabilidad de su implementación al designar a ciudadanos comunes como "cazarecompensas" que pueden obtener hasta $10,000 por la denuncia a quienes incurran o presten algún apoyo a un aborto.
El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, está bajo presión de grupos feministas y de algunos demócratas, que han pedido que el Departamento de Justicia haga todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.
La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. No contempla excepciones en casos de incesto o violación.
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Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta $10,000 al demandante si gana el juicio.
El pasado lunes, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, aseguró que estaba explorando de forma urgente todas las opciones para responder a la ley de Texas, con el fin de "proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el aborto", legalizado por el Tribunal Supremo estadounidense en 1973.
Mientras tanto, afirmó que el gobierno planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.
La semana pasada, horas después de la entrada en efecto de la ley de Texas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear la legislación, aunque no llegó a valorar si era constitucional o no.
