Un fotógrafo identificado como Erik Herrera, de 34 años, residente de El Cajón en California, fue declarado culpable por un jurado en el Distrito de Columbia de cargos por delitos graves y menos graves luego de utilizar una credencial falsa durante los disturbios del 6 de enero de 2021. Así lo informó el lunes la Oficina del Fiscal General de D.C. en un comunicado de prensa.
Según la evidencia del gobierno, el hombre estuvo en grupos que ingresaron al Capitolio por la puerta de incendios del Senado y la puerta del ala del cuerpo legislativo. También publicó una fotografía de sí mismo sosteniendo papeles dentro de la oficina del parlamento de la cámara alta.
De acuerdo con las autoridades, a pesar de que Herrera es fotógrafo de profesión, no estuvo en el Capitolio ese día como fotoperiodista. El acusado admitió en las redes sociales el 7 de enero de 2021 que un medio de comunicación no le había dado la credencial de prensa que llevaba puesta. En cambio, escribió: "No tengo el monopolio de las credenciales de prensa. Están en Amazon por $8, sin permiso especial para comprar”.
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Por tal razón, Herrera fue hallado culpable de "obstrucción a la justicia de un procedimiento oficial y cuatro delitos menores, que incluyen ingresar y permanecer en un edificio o terreno restringido; conducta desordenada y disruptiva en un edificio del Capitolio, así como manifestarse en un edificio del Capitolio".
Además, en un comunicado de prensa, la agencia indicó que "sus acciones y las acciones de otros interrumpieron una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos convocada para determinar y contar los votos electorales relacionados con la elección presidencial".
El juicio se llevó a cabo ante el juez principal Beryl A. Howell en el Tribunal de Distrito de la capital del país.
Herrera fue arrestado el 19 de agosto de 2021 en Los Ángeles y será sentenciado el 10 de noviembre de 2022, según el comunicado.
El cargo de obstrucción por delito grave conlleva un máximo legal de 20 años de prisión y posibles sanciones económicas. Los cuatro delitos menos grave conllevan un máximo legal combinado de tres años de encarcelamiento y posibles sanciones económicas.
El tribunal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Mientras, el caso está siendo investigado por múltiples agencias de seguridad tanto estatales como federales.
