Antes de concluir esta sesión legislativa, la Asamblea General de Maryland aprobó dos legislaciones que buscan beneficiar a los inmigrantes. Una de ellas prohíbe que los centros de detención del estado retengan a personas con órdenes de deportación y limitaría la cooperación entre las autoridades locales y estatales con agentes federales de Inmigración. La otra protegería la información de los conductores indocumentados.
Se espera que sean vetadas por el gobernador republicano Larry Hogan, quien ya se pronunció en contra de las medidas, describiendo una de ellas como un intento de la Asamblea General de convertir a Maryland en un “estado santuario”. Sin embargo, los demócratas podrían contar con suficientes votos para superarlos.
Una de las legislaciones, llamada Dignity Not Detention Act (HB16), fue propuesta por el delegado del condado Montgomery, Vaughn Stewart. Esta tiene como objetivo evitar que las cárceles del estado alberguen inmigrantes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y clausurar los dos aún existentes, en los condados Frederick y Worcester para el otoño del 2022, como máximo.
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Durante las discusiones legislativas, la propuesta fue modificada para incluir partes del TRUST Act, reportó WTOP, la cual, entre otras cosas, restringe la cooperación entre fuerzas del orden locales y agentes de inmigración, e impide que los miembros de estas corporaciones pregunten a los conductores por su estatus migratorio durante paradas de tráfico.
El Senado estatal dio el visto bueno primero, 30 votos a favor y 17 en contra. Tras un intenso debate en la Cámara de Delegados, la medida fue aprobada 86-46.
La otra propuesta aceptada fue Maryland Driver Privacy Act (HB23),que protege la información de los automovilistas indocumentados. Esta impide que la agencia federal de Inmigración tenga acceso a la base de datos de registros de licencia en el estado sin una orden judicial.
El paso de ambas legislaciones fue aplaudido por organizaciones pro-inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) así como la organización CASA.
“Es un ejemplo a nivel nacional… este estado y esta legislación…”, dijo Ricardo Ortiz, con CASA. “Y se logró gracias al trabajo de nuestros activistas y una lucha de muchos años”.
“Nuestros miembros están listos para continuar con esta lucha… y sabemos que con la ayuda de los legisladores que están a nuestro favor”, continuó.”Ellos van a poder cancelar el veto del gobernador… Y esto va a ser que se haga una ley.”
