La Asamblea General de Maryland superó esta semana el veto del gobernador Larry Hogan sobre dos proyectos de ley que, según activistas, protegen a la comunidad inmigrante. Una de ellas prohíbe que los centros penitenciarios del estado retengan a personas con órdenes de deportación y limita la cooperación entre las autoridades locales y estatales con agentes federales de Inmigración. La otra protege la información de los conductores indocumentados.
La legislatura estatal dio inicialmente el visto bueno a los proyectos en abril, poco antes de que finalizara la sesión. Ya en ese entonces, Hogan había anunciado su rechazo y su intención de vetar las propuestas, describiendo una de ellas como un intento de la Asamblea General de convertir a Maryland en un “estado santuario”.
El Senado y la Cámara de Delegados votó este martes a favor de levantar los vetos a la propuesta Dignity Not Detention Act (HB16), presentada por el delegado del condado Montgomery, Vaughn Stewart. Esta tiene como objetivo evitar que las cárceles del estado alberguen inmigrantes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y clausurar los dos aún existentes, en los condados Frederick y Worcester para el otoño del 2022, como máximo.
Durante las discusiones legislativas, la propuesta fue modificada para incluir partes del TRUST Act, reportó en ese entonces WTOP, la cual, entre otras cosas, restringe la cooperación entre fuerzas del orden locales y agentes de inmigración, e impide que los miembros de estas corporaciones pregunten a los conductores por su estatus migratorio durante paradas de tráfico.
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La acción de los legisladores de esta semana fue celebrada por miembros de organizaciones proinmigrantes.
“Nuestra gente se cansó, se levantó y continuaba empujando”, dijo Lydia Walther-Rodríguez, directora de CASA Baltimore. “Los legisladores que nos están apoyando y escucharon nuestro movimiento. Ayer tuvimos esta victoria.”
Sin embargo, críticos afirman que esta ley limita el accionar de las fuerzas del orden y terminará por perjudicar a los detenidos y a sus familiares.
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“Lo que hace es que las personas detenidas aquí tengan que ser enviadas a otros estados porque no va a haber centros de detenciones en la entidad’, dijo Robert Cassilly, senador estatal por el distrito 34.
La otra propuesta es Maryland Driver Privacy Act (HB23),que protege la información de los automovilistas indocumentados. Esta impide que la agencia federal de Inmigración tenga acceso a la base de datos de registros de licencia en el estado sin una orden judicial.
Las legislaciones entra en vigencia inmediatamente.
