El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales
SAN SALVADOR, El Salvador — El gobierno de El Salvador envió el sábado 10,000 soldados y policías para acordonar un pueblo en las afueras de la capital del país en busca de pandilleros.
La operación fue una de las movilizaciones más grandes hasta ahora en la represión contra las pandillas callejeras en los pasados nueves meses las que durante mucho tiempo extorsionaron a las empresas y gobernaron muchos barrios de la capital, San Salvador.
Los efectivos bloquearon las vías de entrada y salida del corregimiento de Soyapango, revisando los documentos de las personas. Equipos especiales entraron al pueblo en busca de sospechosos de pandillas.
“A partir de ahora, el corregimiento de Soyapango está completamente cercado”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter al tiempo que publicó videos que mostraban filas de soldados armados con rifles.
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Más de 58,000 personas han sido encarceladas desde que se declaró el estado de emergencia tras una ola de homicidios a finales de marzo. Los grupos de derechos han criticado las redadas masivas, diciendo que a menudo arrestan a los jóvenes en función de su apariencia o el lugar donde viven.
Era parte de lo que Bukele había llamado a finales de noviembre “Fase Cinco” de la represión. El funcionario expresó que tales tácticas funcionaron en el pueblo de Comasagua en octubre.
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En octubre, más de 2,000 soldados y policías rodearon y cerraron Comasagua para buscar a pandilleros acusados de un asesinato. Los drones sobrevolaron la ciudad y todos los que entraban o salían de la ciudad eran interrogados o registrados. Unos 50 sospechosos fueron detenidos en dos días.
“Funcionó”, celebró Bukele. El gobierno estima que los homicidios cayeron 38% en los primeros 10 meses del año en comparación con el mismo periodo de 2021.
Bukele solicitó al Congreso que le otorgue poderes extraordinarios después de que se culpara a las pandillas de 62 asesinatos el 26 de marzo, y ese decreto de emergencia se ha renovado todos los meses desde entonces. Suspende algunos derechos constitucionales y otorga a la policía más poderes para arrestar y retener a los sospechosos.
En virtud del decreto, se suspenden el derecho de asociación, el derecho a ser informado del motivo de la detención y el acceso a un abogado. El gobierno también puede intervenir en las llamadas y el correo de cualquier persona que considere sospechosa. El tiempo que una persona puede estar detenida sin cargos se amplía de tres días a 15 días.
Los activistas de derechos argumentan que los hombres jóvenes son arrestados con frecuencia solo por su edad, su apariencia o si viven en un barrio pobre dominado por pandillas.
Las pandillas de El Salvador, que se estima que cuentan con unos 70,000 miembros en sus filas, han controlado durante mucho tiempo franjas de territorio y extorsionado y asesinado con impunidad.
Pero la represión de Bukele alcanzó otro nivel a principios de este mes cuando el gobierno envió presos a los cementerios para destruir las tumbas de los pandilleros en una época del año en que las familias suelen visitar las tumbas de sus seres queridos.
Las organizaciones no gubernamentales han contabilizado varios miles de violaciones de derechos humanos y al menos 80 muertes bajo custodia de personas detenidas durante la represión.
