En su informe más reciente, The International Crisis Group advirtió que el “estado de excepción” impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría tener un efecto “boomerang” debido al aumento de la “crisis de derechos humanos” que se vive en las cárceles del país.
SAN SALVADOR — A petición del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el Congreso aprobó el miércoles la décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas que afirman están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado.
“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, manifestó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición.
La prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Seis opositores votaron en contra, 10 se abstuvieron y uno no asistió.
“Esta Asamblea, gracias a los marcos legales que están dentro de la Constitución y haciendo uso de ellos, seguirá apoyando las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele para el bienestar de los salvadoreños”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
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La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se veía en el país en mucho tiempo.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a de derechos y aseguran tener documentado la muerte de al menos 90 personas bajo custodia.
Villatoro resaltó que desde que se aprobó por primera vez el régimen de excepción se ha capturado a 61,300 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas, incluyendo 900 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de Barrio 18. También se apresó a 10 de los 15 miembros de la llamada ranfla nacional, una especie de organismo de decisión colectiva que rige todas las operaciones de la pandilla, agregó.
Pero hasta el 3 de enero, 3,313 de los detenidos fueron liberados debido a que no se pudo establecer un verdadero vínculo con los grupos criminales.
Al defender la necesidad del régimen de excepción y sus resultados, Villatoro arremetió contra los organismos defensores de los derechos humanos que han criticado al gobierno salvadoreño.
Afirmó que ninguna de estas organizaciones internacionales van volver a El Salvador para decirles cómo tienen que resolver los problemas de los salvadoreños, porque, según dijo, están demostrando con números cómo se resuelven los problemas, en referencia a las cifras del descenso de homicidios.
“Está demostrado que la valentía del presidente Nayib Bukele al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriendo dictar la plana, el resultado después de los 30 años es un fracaso rotundo”, señaló.
Villatoro tambión indicó que el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios y aseguró que es la cifra más baja de las ultimas décadas. Pero el informe del funcionario no incluye al menos 120 homicidios de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con las autoridades.
En lo que va de 2023, El Salvador ha registrado cinco homicidios, incluyendo el de un presunto pandillero que falleció en un intercambio de disparos con las autoridades.
Las llamadas maras o pandillas, con presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizadas. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones internacionales y tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, declaró que era un grupo terrorista junto a la pandilla Barrio 18.
