El Salvador permitirá que el bitcoin se use como moneda de intercambio de curso legal, tras la aprobación de ley de implementación, pese al riesgo que el país centroamericano se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El Gobierno de El Salvador ha solicitado asistencia técnica al Banco Mundial (BM) para la elaboración de un reglamento para la implementación del sistema bitcóin como moneda de curso legal, así lo anunció este miércoles una fuente oficial.
"Quiero anunciar que hemos solicitado la asistencia técnica al Banco Mundial para que, al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), acompañe a El Salvador en la implementación y reglamentación del bitcóin como moneda de curso legal", dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en una conferencia de prensa.
El BCIE anunció el lunes que brindará a El Salvador un financiamiento para la contratación de un equipo de consultores de "muy alto nivel" para la elaboración del marco normativo que regirá la Ley Bitcóin.
"El BCIE va a acompañar al Gobierno de El Salvador en este cambio de política y nos sentimos muy orgullosos de ser la primera institución financiera a la cual el Gobierno se acercó para buscar acompañamiento a este proceso transformativo", señaló el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.
De acuerdo con Mossi, el dinero es no reembolsable y es parte de un fondo con el que cuenta el BCIE para asistencia técnica, denominado Fontec, y que tiene "más o menos 12 millones de dólares".
"EL FMI NO ESTÁ EN CONTRA DEL BITCÓIN"
Zelaya también señaló que en una reunión sostenida con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, para abordar el tema de un préstamo por 1.300 millones de dólares, se brindó la posición oficial sobre la adopción del bitcóin.
"El resultado de la conversación ha sido exitosa, ellos han entendido. Nos dicen: nosotros no estamos en contra, solo queremos dimensionar los impactos o los efectos que pueda tener. (...) ellos lo han visto como un mecanismo de dinamización de la economía", señaló el funcionario.
Zelaya apuntó que la postura del Gobierno fue "aclarar que no estamos sustituyendo al dólar estadounidense como moneda de curso legal en El Salvador, sigue estando vigente".
"No se está sustituyendo al dólar como moneda de curso legal en El Salvador", subrayó.
EL FIDEICOMISO SERVIRÁ COMO CAJA DE CONVERTIBILIDAD
El titular de Hacienda indicó que el fideicomiso que será creado para alimentar una billetera digital que supuestamente adoptará el Ejecutivo "servirá como caja de convertibilidad".
"El fideicomiso que vamos a constituir es un fideicomiso que sirve como caja de convertibilidad, no es que se van a comprar bitcóin para tenerlos como una reserva internacional", apuntó en la conferencia de prensa que es la primera donde un funcionario de gobierno aborda el tema tras la aprobación de la Ley Bitcoin la semana pasada.
La Ley Bitcóin establece la creación de un fideicomiso y, según dijo el presidente Nayib Bukele, este sería de 150 millones de dólares.
Este sería manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) y alimentaría la billetera digital gubernamental.
Esta billetera sería desarrollada por los mismos creadores de la aplicación Strike, sin que se conozca si esto implicaría algún costo para el Gobierno o si se realizó un proceso de licitación con más interesados.
De acuerdo con reportes de la prensa local, Bukele explicó en un espacio de discusión en Twitter que el Gobierno tendría una billetera digital propia en la que los comerciantes podrán cambiar los bitcoins que reciban por dólares.
La normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras para recibir la firma de Bukele, convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.
La ley, que apenas contiene 16 artículos, ha generado opiniones encontradas, principalmente por el riesgo que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.
