Las nuevas políticas modelo del gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, para el tratamiento de los estudiantes transgénero están en consonancia con las leyes federales y estatales de no discriminación y los consejos escolares deben seguir sus directrices, indicó el fiscal general del estado en un análisis jurídico no vinculante publicado el jueves.
"Las Políticas Modelo garantizan que todos los estudiantes sean tratados con dignidad y que la participación de los padres permanezca en el centro. Estas políticas se ajustan plenamente a la ley y los consejos escolares de todo el estado deben apoyarlas y aplicarlas", señaló en un comunicado el fiscal general Jason Miyares, también republicano.
La opinión de Miyares se produce cuando un número creciente de consejos escolares de todo el estado están respondiendo a las directrices de la administración, que fueron finalizadas el mes pasado después de una larga revisión y abordan cuestiones que van desde el atletismo hasta el uso de pronombres en el aula.
Las directrices, que según la ley estatal se supone que ofrecen una especie de hoja de ruta para los distritos escolares locales en la elaboración de sus propias políticas, revierten muchas adaptaciones para los estudiantes transgénero instadas por la anterior administración demócrata. Han sido elogiadas por grupos conservadores y religiosos y han suscitado las críticas de demócratas y defensores del colectivo LGBTQ.
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Algunos consejos escolares de zonas rojas del estado han empezado a adoptar políticas coherentes con las del gobernador. Otros, la mayoría en zonas azules, han dicho que planean desafiarlas.
Por ejemplo, las escuelas públicas del condado Fairfax - el distrito más grande del estado - comunicaron recientemente a los padres que no tenían previsto cambiar sus directrices para los estudiantes transgénero, que no coinciden con las de Youngkin.
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Una dinámica similar, en sentido político inverso, se produjo bajo la anterior administración del gobernador demócrata Ralph Northam. El Departamento de Educación dijo entonces a los distritos locales que asumían "toda la responsabilidad legal por incumplimiento" y no hacía un seguimiento de las divisiones que cumplían las normas, informó entonces el Virginia Mercury.
En recientes comparecencias públicas, Youngkin ha defendido que los consejos escolares no tienen más remedio que alinearse. Pero se ha negado a decir exactamente qué herramientas cree que tiene su administración para tratar de conseguir que los distritos que no cumplen a bordo. La ley estatal de 2020 que condujo a la creación de las políticas modelo no se pronuncia sobre su aplicación.
Cuando se le preguntó el miércoles sobre el tema, Youngkin respondió: "Sólo espera". Añadió que espera que los consejos escolares "lleguen plenamente a buen puerto".
Jack Preis, profesor de Derecho en la Universidad de Richmond, dijo que cree que los consejos escolares que no adopten las políticas modelo probablemente estarían violando la ley de 2020, pero no está claro si se les puede obligar a cumplirla.
"El mero hecho de que un consejo escolar infrinja el estatuto no nos dice qué consecuencias se derivarán de ello", explicó. "Podría haber consecuencias políticas, pero en términos de consecuencias legales específicas, éstas sólo se derivarían de una decisión judicial".
"Y no veremos una decisión judicial a menos que Miyares o un padre descontento tengan el poder de exigir la aplicación judicial. Parece poco probable que ninguno de los dos tenga ese poder", agregó.
La opinión de Miyares, de 10 páginas, se emitió a última hora del miércoles y se hizo pública el jueves por la mañana. Aborda un puñado de cuestiones sobre la legalidad de las directrices y si se ajustan a la Constitución de EEUU o a la legislación estatal o federal.
Miyares escribió que las políticas de atletismo - que dicen que la participación debe basarse en el sexo biológico y no en la identidad de género - no están en conflicto con la prohibición de la Ley de Derechos Humanos de Virginia contra la discriminación por motivos de identidad de género.
La política modelo "no establece distinciones de ningún tipo en función de la identidad de género", sino que ambos lados de la clasificación - varones biológicos y mujeres biológicas - incluyen a los estudiantes trans y los tratan como a los demás estudiantes de su mismo sexo, según el dictamen.
En cuanto a la sección que trata de la identificación de los alumnos en el aula, incluida la selección de pronombres, dice: "Dado que la política modelo confiere en última instancia la decisión de la referencia al pronombre a los padres del alumno, (la política) no discrimina por razón de sexo".
La anterior orientación de la era Northam decía que las escuelas debían permitir a los alumnos usar nombres y pronombres de género que reflejaran su identidad de género sin "ninguna prueba que lo justifique".
La opinión también aborda el caso legal de Gavin Grimm, el exestudiante de secundaria de Virginia cuya demanda sobre la prohibición de baño transgénero de su distrito llevó a un fallo que la política era inconstitucional.
Miyares consideró que las políticas no entran en conflicto con la sentencia del Tribunal de Apelación del 4º Circuito de EEUU, que "no impone una norma general que prohíba las instalaciones separadas por sexo en todas las situaciones, y mucho menos rige las políticas relacionadas con el atletismo, el acceso a la información o el uso de pronombres".
En conclusión, el análisis concluyó que las políticas modelo "no infringen ni la Cláusula de Igual Protección, ni el Título IX, ni la (Ley de Derechos Humanos de Virginia)".
"Por lo tanto, los consejos escolares deben adoptar políticas modelo coherentes con las elaboradas por el Departamento".
En un comunicado, Youngkin dijo que la opinión del fiscal general "reafirma nuestras políticas modelo".
"Seguiremos empoderando a los padres en Virginia", aseguró.
Las opiniones del fiscal general son sólo consultivas y no son vinculantes para los tribunales, señaló en un comunicado Eden Heilman, director jurídico de la ACLU de Virginia.
Heilman calificó la opinión de Miyares de "tan cruel y equivocada como las propias políticas".
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La periodista de Associated Press Denise Lavoie contribuyó a este informe desde Richmond.
