WASHINGTON - El fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, anunció este martes que ha presentado una demanda contra los grupos Proud Boys, Oath Keepers y unos 31 individuos miembros de estas asociaciones ultraderechistas por su rol en el asalto al Capitolio registrado el pasado 6 de enero.
El litigio civil federal alega que los miembros de estos grupos planificaron, promovieron, financiaron, reclutaron y participaron en el ataque a la sede del Congreso, un incidente que “causó daños extensos” a la capital estadounidense y al Departamento de la Policía Metropolitana.
“Hoy, estamos haciendo que estos insurrectos se hagan responsables por conspirar para aterrorizar al Distrito”, dijo Racine en una rueda de prensa.
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La demanda, que busca una indemnización por daños por una cantidad aún no determinada, es la primera presentada por un cuerpo gubernamental contra los participantes del 6 de enero.
“Las imágenes de ese día vergonzoso y despreciable nunca podrán ser eliminadas”, dijo Racine. “Fue como el 11 de septiembre, un ataque terrorista planeado, pero esta vez, nuestros propios ciudadanos estaban decididos en destruir las libertades e ideas que son la fundación de nuestro país, y que continúa aspirando a cumplir.”
El documento, de unas 80 página, describe cuál fue la presunta participación de cada uno de los acusados y las acciones que tomaron los Proud Boys y Oath Keepers antes y después de las elecciones presidenciales de noviembre para supuestamente incitar discordia y violencia. Cita como ejemplos la “Million MAGA March”, en noviembre, el mítin “Stop the Steal” en diciembre y la conducta posterior de los miembros, que incluyó vandalismo a una iglesia histórica afroamericana de la capital.
El 6 de enero, unas 10,000 personas -la mayoría seguidores de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del ahora presidente estadounidense, Joe Biden, en las elecciones de noviembre de 2020. Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos.
A nivel federal, más de 600 personas han sido acusadas por su participación en los eventos violentos de ese día. Más temprano este año, se estableció una comisión especial en el Congreso para investigar la insurrección.
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