El Departamento de Justicia demandó al gobierno de Virginia por presuntamente eliminar de los registros de votación a ciudadanos aptos para votar a menos de 90 días de las elecciones.
Una jueza federal ordenó el viernes a Virginia que restableciera más de 1,600 registros de votantes que, según ella, fueron eliminados ilegalmente en los últimos dos meses en un esfuerzo por impedir que los no ciudadanos votaran.
La jueza de distrito de EEUU Patricia Giles concedió una solicitud de medida cautelar presentada contra los funcionarios electorales de Virginia por el Departamento de Justicia, que afirmaba que los registros de votantes se cancelaron por error durante un período de silencio de 90 días antes de las elecciones de noviembre que restringe a los estados la posibilidad de realizar cambios a gran escala en sus listas de votantes.
Thomas Sanford, un abogado de la oficina del fiscal general de Virginia, dijo a la jueza al concluir la audiencia del viernes que el estado tiene la intención de apelar su decisión.
El Departamento de Justicia y grupos privados, incluida la Liga de Mujeres Votantes, dijeron que muchos de los 1,600 votantes eran de hecho ciudadanos cuyos registros se cancelaron debido a errores burocráticos o errores simples como una casilla mal marcada en un formulario.
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El abogado del Departamento de Justicia, Sejal Jhaveri, indicó durante una audiencia de un día completo el jueves en Alexandria, Virginia, que esa es precisamente la razón por la que la ley federal impide a los estados implementar cambios sistemáticos en las listas de votantes en los 90 días anteriores a una elección, "para evitar el daño de que se eliminen votantes elegibles en un período en el que es difícil remediarlo".
Giles dijo el viernes que el estado no tiene prohibido completamente eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes durante el período de silencio de 90 días, pero que debe hacerlo de manera individualizada en lugar del programa automatizado y sistemático que emplea el estado.
Los funcionarios estatales argumentaron sin éxito que las inscripciones canceladas siguieron procedimientos cuidadosos que apuntaban a personas que se identificaron explícitamente como no ciudadanos ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, en inglés).
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Charles Cooper, un abogado del estado, dijo durante los argumentos del jueves que la ley federal nunca tuvo la intención de brindar protección a los no ciudadanos, quienes por definición no pueden votar en las elecciones federales.
“Es imposible que el Congreso haya tenido la intención de impedir la eliminación… de personas que nunca fueron elegibles para votar en primer lugar”, argumentó Cooper.
Sin embargo, los demandantes que presentaron la demanda dijeron que el DMV identifica erróneamente a muchas personas como no ciudadanos simplemente al marcar la casilla incorrecta en un formulario.
No pudieron identificar exactamente cuántos de los 1,600 votantes eliminados son de hecho ciudadanos (Virginia solo identificó esta semana los nombres y direcciones de las personas afectadas en respuesta a una orden judicial), pero proporcionaron evidencia anecdótica de personas cuyas inscripciones fueron canceladas erróneamente.
Cooper reconoció que algunos de los 1,600 votantes identificados por el estado como no ciudadanos pueden muy bien ser ciudadanos, pero dijo que restaurarlos a todos en las listas significa que con toda probabilidad "va a haber cientos de no ciudadanos de nuevo en esas listas. Si un no ciudadano vota, cancela un voto legal. Y eso es un daño", acotó.
También dijo que, con las elecciones a menos de dos semanas de distancia, es demasiado tarde para imponer la carga de restaurar los registros a los ocupados trabajadores electorales, y dijo que los demandantes que presentaron sus demandas hace aproximadamente dos semanas deberían haber tomado medidas antes.
La controversia surge luego de que el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, emitió una orden ejecutiva en agosto que exige verificaciones diarias de los datos del DMV contra los padrones electorales para identificar a los no ciudadanos.
Los funcionarios estatales indicaron que cualquier votante identificado como no ciudadano fue notificado y se le dieron dos semanas para impugnar su descalificación antes de ser eliminado. Si devolvían un formulario que certificaba su ciudadanía, su registro no sería cancelado.
En entrevistas con los medios, Youngkin ha cuestionado los motivos del Departamento de Justicia para presentar la demanda.
"¿Cómo puedo, como gobernador, permitir que los no ciudadanos estén en el padrón electoral?", preguntó Youngkin retóricamente durante una aparición en Fox News Sunday.
El fiscal general republicano de Virginia, Jason Miyares, emitió una declaración después de la audiencia del viernes, criticando el fallo.
“Nunca debería ser ilegal eliminar a un votante ilegal”, dijo. “Sin embargo, hoy un tribunal, a instancias del Departamento de Justicia de Biden-Harris, ordenó a Virginia que volviera a incluir los nombres de los no ciudadanos en las listas de votantes, apenas unos días antes de una elección presidencial. El Departamento de Justicia realizó esta vergonzosa maniobra motivada políticamente 25 días antes del día de las elecciones, desafiando un proceso de Virginia convertido en ley hace 18 años por un gobernador demócrata y aprobado por el Departamento de Justicia en 2006”.
Casi 6 millones de virginianos están registrados para votar.
Se presentó una demanda similar en Alabama, y un juez federal de ese estado ordenó la semana pasada al estado que restableciera la elegibilidad de más de 3,200 votantes que habían sido considerados no ciudadanos no elegibles.
El testimonio de los funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2,000 de los 3,251 votantes que fueron inactivos eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.
