El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este jueves que vetará una polémica ley contra el aborto y las minorías aprobada el pasado martes por el Congreso del país centroamericano, donde su partido cuenta con mayoría legislativa.
Giammattei indicó en un breve video, divulgado por la presidencia, que la ley recién aprobada por el Organismo Legislativo "viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria" y "adolece de deficiencias técnicas en su redacción", pero "lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República".
Es por ello que el mandatario indicó que llamó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para pedirle que archiven la ley o que de lo contrario será vetada por el mismo gobernante y no entrará en vigencia.
La polémica ley, aprobada el martes en la noche por el Congreso de Guatemala, eleva las penas de cárcel para los abortos en el país centroamericano y busca combatir a "grupos minoritarios" que son "incongruentes con la moral cristiana".
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La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, que llevó a Giammattei al Gobierno en las elecciones de 2019.
En contra de la ley votaron 8 legisladores, la mayoría (6) de la agrupación de oposición Semilla, nacida de la lucha anticorrupción en 2015, y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento para la aprobación del nuevo estatuto.
La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 por el partido conservador Viva hasta su aprobación el martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.
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De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.
El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse "considerando" la "existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana".
Giammattei afirmó este jueves en su mensaje presidencial que la aprobación de la nueva ley no está vinculada al nombramiento el miércoles de la Ciudad de Guatemala como "Capital Iberoamericana Provida" por parte de un congreso cristiano que se realiza en el país durante los próximos tres días.
En dicho Congreso, cuya jornada inaugural tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) estuvieron presentes Giammattei y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
"¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas", aseguró el mandatario guatemalteco durante su intervención en el evento.
Giammattei afirmó en el congreso cristiano que el día de su realización era "un día especial" para el país centroamericano, que hará "todo lo posible por respetar la vida desde su concepción" y pidió a la población que "en lugar de protestar nos unamos en construir esa Guatemala diferente que todos queremos".
CRÍTICAS CONTRA LA LEY
La normativa aprobada "fomentará el odio y la discriminación", además de que "no protegerá a las familias ni a las vidas" y pondrá "en peligro la vida y los derechos de innumerables personas", puntualizó este jueves Erika Guevara Rosas, directora de América para AI, en un comunicado de prensa.
De acuerdo con la representante de la organización internacional, es "perturbador" que "el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país".
Por su parte, el diputado de oposición guatemalteco Samuel Pérez Álvarez aseguró eL miércoles que las políticas provida impulsadas por el Gobierno de Giammattei tienen como objetivo el "saqueo" de fondos públicos mediante la "corrupción".
Pérez Álvarez, legislador de la agrupación política de oposición Semilla, indicó en declaraciones a Efe que dichas normativas buscan además "radicalizarse" y generar "impunidad" dentro de la clase política guatemalteca.
En opinión de Pérez Álvarez, los diputados que dieron luz verde a la normativa están "haciendo a Guatemala pasar una vergüenza mundial y regional diciendo que defienden la vida y la familia, mientras lo que hicieron fue aprobar una ley para matar y encarcelar mujeres".