El lunes, Virginia solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera para permitir que el estado eliminara de sus registros a aproximadamente 1,600 votantes que cree que no son ciudadanos.
La solicitud se produce después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara por unanimidad la orden de un juez federal que restablecía los registros de esos 1,600 votantes, que según la jueza, fueron eliminados ilegalmente de los registros en virtud de una orden ejecutiva del gobernador republicano del estado.
El gobernador Glenn Youngkin dice que ordenó las eliminaciones diarias en un esfuerzo por evitar que los no ciudadanos votaran.
Pero el viernes, la jueza de distrito de Estados Unidos Patricia Giles dictaminó que el programa de Youngkin era ilegal según la ley federal porque eliminaba sistemáticamente a los votantes durante un "período de silencio" de 90 días antes de las elecciones de noviembre.
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La controversia surge luego de que el Departamento de Justicia y una coalición de grupos privados presentaron una demanda para bloquear el programa de eliminación de Youngkin a principios de este mes.
Los demandantes argumentaron que el período de silencio existe para garantizar que los votantes legítimos no sean eliminados de las listas por errores burocráticos o errores de último momento que no se puedan rectificar de manera oportuna.
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Youngkin dijo que simplemente estaba defendiendo una ley estatal que requiere que Virginia cancele el registro de los no ciudadanos.
El domingo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EEUU en Richmond, Virginia, se puso del lado del juez que ordenó la restauración de los registros de votantes.
Por su parte, el tribunal de apelaciones dictaminó que Virginia se equivoca al afirmar que se le está obligando a restaurar a 1,600 no ciudadanos en las listas de votantes. En cambio, el tribunal de apelaciones indicó que el proceso de Virginia para eliminar a los votantes no estableció ninguna prueba de que los purgados fueran en realidad no ciudadanos.
La orden ejecutiva de Youngkin, emitida en agosto, requería verificaciones diarias de los datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, en inglés) con los registros de votantes para identificar a los no ciudadanos.
Asimismo, los funcionarios estatales dijeron que cualquier votante identificado como no ciudadano fue notificado y se le dieron dos semanas para impugnar su descalificación antes de ser eliminado. Si devolvían un formulario que certificaba su ciudadanía, su registro no sería cancelado.
Los demandantes agregaron que, como resultado del programa, un votante y ciudadano legítimo podría ver su registro cancelado simplemente marcando la casilla incorrecta en un formulario del DMV. Los demandantes presentaron evidencia que mostraba que al menos algunos de los eliminados eran de hecho ciudadanos.
Se presentó una demanda similar en Alabama, y un juez federal allí ordenó la semana pasada al estado que restableciera la elegibilidad para más de 3,200 votantes que habían sido considerados no ciudadanos no elegibles. El testimonio de los funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2,000 de los 3,251 votantes que fueron inactivos eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.
La opinión fue escrita por Toby Heytens, un designado de Biden, y se unieron al presidente del tribunal Albert Díaz y a la jueza Stephanie Thacker, ambos designados por Obama.
El panel enfatizó, como lo hizo Giles en su fallo inicial, que el estado tiene derecho a eliminar a los no ciudadanos de las listas de votantes, incluso durante el período de silencio de 90 días, pero debe hacerlo en un proceso individualizado en lugar del proceso sistemático que depende de las transferencias de datos del DMV.
Casi 6 millones de residentes de Virginia están registrados para votar.
