MIAMI — Estados Unidos recortará la ayuda militar a El Salvador pese al intenso cabildeo que ha realizado en Washington el presidente Nayib Bukele para contrarrestar las críticas de que está llevando a su país por la senda del autoritarismo.
Dentro del proyecto de ley de gastos generales firmado el domingo por el presidente Donald Trump estaba una cláusula que prohíbe el acceso de El Salvador —así como de sus vecinos Guatemala y Honduras— a un programa del Departamento de Estado que proporciona financiamiento para la adquisición de equipo estadounidense de defensa.
La prohibición forma parte de una iniciativa de los demócratas en la Cámara de Representantes para fortalecer las medidas contra la corrupción en Centroamérica.
Aunque la asistencia para combatir el narcotráfico que es canalizada a través del Pentágono y por un monto mucho mayor no se vio afectada, de todas formas es un golpe simbólico para esos países en sus intentos por mostrar avances en el fortalecimiento del estado de derecho, afirmó Adam Isacson, de la Washington Office on Latin America, una organización no gubernamental para la promoción de los derechos humanos en América Latina.
“En esencia pone a estos países al mismo nivel que las dictaduras y los Estados fallidos”, señaló Isacson, un experto en gastos de defensa. “Sólo un puñado de naciones no cumplen los requisitos para este programa”.
Israel, Egipto y más de una docena de otros países reciben al año aproximadamente $5,600 millones a través del programa de Financiamiento Militar al Extranjero para financiar la adquisición de equipo y servicios militares estadounidenses.
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El Salvador ha recibido aproximadamente $15 millones a través del programa desde 2016, incluyendo $1.9 millones este año. La última vez que Honduras y Guatemala recibieron ese financiamiento fue en 2018.
Milena Mayorga, quien este mes se convirtió en la embajadora de El Salvador en Washington, dijo sentirse sorprendida por la reducción, que consideró contraria a décadas de cooperación militar cercana entre los dos países.
El Salvador fue uno de los pocos países latinoamericanos en participar en la coalición encabezada por Estados Unidos que invadió Irak en 2003, y el aeropuerto internacional del país es uno de sólo dos en América Latina empleados por las fuerzas armadas estadounidenses para efectuar misiones antinarcóticos en la región.
“Creo que sería vital que lo reconsideraran”, manifestó Mayorga en una entrevista con The Associated Press. “Se va a necesitar comprar siempre herramientas en el combate a la inseguridad”.
Bukele asumió la presidencia en 2019 con la promesa de rescatar a El Salvador de las profundas divisiones causadas por la violencia descontrolada de las pandillas y la corrupción sistémica tanto en los gobiernos de derecha como en los de izquierda tras el fin de la guerra civil en 1992.
Sigue siendo popular en el país gracias a una aguda reducción en una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo.
Pero en Washington se ha granjeado las críticas de los demócratas y de algunos republicanos por aplicar estrategias como la que tomó en febrero, rodeando al Congreso con tropas fuertemente armadas con el fin de presionar a los legisladores para que aprobaran un préstamo para financiar la lucha contra las pandillas.
Mayorga dijo que los partidos tradicionales que han dominado el Congreso de El Salvador se han esmerado en intentar mostrar a Bukele como un autócrata.
Pero afirmó que muchas de las iniciativas del mandatario, tales como invitar a la OEA a que encabece una comisión para investigar sobornos, son acordes con los señalamientos en el Congreso estadounidense sobre el combate a la corrupción.
“Ahora es cuando más se necesita apoyo”, dijo Mayorga, una popular exconductora de televisión que como legisladora rompió con su partido ARENA, de extracción conservadora, para respaldar a Bukele.
El gobierno de Bukele intentó mejorar su imagen en Washington, para lo cual contrató el cabildeo de tres firmas de la capital estadounidense a un costo total de más de $1.6 millones desde agosto.
