NUEVA YORK - Sonia Pérez debe seis meses de alquiler pero duda que pueda cancelar su deuda pronto: el COVID-19 acabó con la vida de su exmarido, que la ayudaba económicamente, y ha dejado las calles de su barrio neoyorquino medio vacías, así que pocos le compran los tamales que vende desde hace 20 años.
En Miami, una nicaragüense llamada Claudia perdió su empleo cuando el restaurante en el que trabajaba cerró debido a la pandemia. Gastó todos sus ahorros en comida y renta y ahora hace malabarismos para sobrevivir.
“No tengo trabajo, ni dinero, ni nada... cero. Nada”, expresó la mujer, que prefirió no dar su apellido porque se encuentra ilegalmente en el país.
Así es como 2020 ha dejado a muchos hispanos que viven en Estados Unidos.
La comunidad hispana ha sido uno de los grupos más afectados por el COVID-19, que ha reducido o eliminado sus ingresos. Millones, además, no tuvieron la posibilidad de acceder a las ayudas estatales debido a su condición migratoria irregular. Y unos cuantos no saben si en 2021 - con un presidente más predispuesto a ayudarlos y la llegada de una vacuna - podrán salir a flote.
Gran parte de los inmigrantes hispanos trabajan en sectores que han sido fuertemente afectados por la pandemia como la gastronomía, la hotelería y la construcción. Otros lo hacen en la agricultura y las empacadoras de carne, donde se han registrado elevadas tasas de contagio debido a la falta de medidas de distanciamiento y seguridad.
Un 24% de los casos de COVID-19 en EEUU son de hispanos y un 14.7% de las muertes, según los datos federales más recientes. La tasa de muertes por COVID-19 entre los hispanos es 2.8 veces mayor que la de los blancos y la de hospitalización es cuatro veces mayor, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Tras nueve meses de pandemia, el azote del virus es ahora visible en las largas filas que hacen muchos frente a agencias que ofrecen comida. En general se trata de personas que cobran el salario mínimo y no tienen acceso a beneficios sociales, de salud o ayudas económicas como los $1,200 otorgados por el Congreso para paliar el efecto económico de la pandemia.
“Hay gente que está sufriendo en modos que no se han visto antes”, opinó el legislador estatal Miguel Santiago, que representa en la legislatura de California a un distrito de Los Ángeles con un gran número de inmigrantes. “Nuestro sistema económico tiene que funcionar para los más vulnerables, si no, ¿qué tipo de país somos?”.
Antes de la pandemia Pérez vendía sus tamales a $2. Ahora los vende a tres ya que los precios de los ingredientes, como las tortillas de maíz, subieron tras la llegada del COVID-19. Y también se topa en las calles con muchos inmigrantes que, tras perder sus empleos, se lanzaron a ser vendedores ambulantes como ella.
“Mucha gente se ha tirado a la calle a sobrevivir”, dijo la mexicana de 50 años que mantiene a tres de sus cuatro hijos y debe pagar $1,000 mensuales de alquiler. “En esta área casi no se veía vendedores. Ahora sábados y domingos la calle está llena”.
Pérez llegó a EEUU en 1994 y vivió en el país sin estatus migratorio hasta que recientemente obtuvo una visa U, que protege a víctimas de la violencia doméstica. Como carecía de número de seguridad social hasta hace poco no pudo solicitar en su momento la ayuda federal que estaba disponible.
El desempleo entre los hispanos creció del 4.8% en febrero a un pico de 18.5% en abril. En octubre, el dato más reciente, fue de 8.5%, de acuerdo con estadísticas del Migration Policy Institute (MPI), un centro de investigaciones de Washington.
El impacto de la pandemia se sintió en cada casa.
El 16% de los hogares hispanos “a veces” o “con frecuencia” no tuvieron suficientes alimentos en septiembre, según un estudio del MPI basado en datos del censo. La cifra es más que el doble que el 7% de los hogares blancos no hispanos que pasaron por la misma situación.
Es el caso de la guatemalteca Doris Vásquez, único sustento de sus tres hijos. Para no pasar hambre hace una larga fila a las cinco de la madrugada y recibe una caja de comida gratuita que entrega una organización comunitaria en Homestead, al sur de Miami.
La mujer, de 37 años y que está en proceso de asilo, perdió su trabajo porque el vivero en el que arreglaba plantas desde hacía cuatro años cerró debido a la pandemia. Se quedó en casa cuidando de sus hijos porque se suspendieron las clases presenciales y luego se enfermó de COVID-19. Pasaron cerca de seis meses hasta que encontró trabajo en otro vivero, que también cerró. Ahora cocina arroz con leche y tamales y los vende en la calle los fines de semana, pero el dinero no es suficiente.
En Miami, el restaurante en el que Claudia trabajó durante cuatro años como ayudante de cocina cerró al inicio de la pandemia y la nicaragüense se quedó sin los $500 semanales con los que mantenía a sus cuatro hijos. Tuvo que recurrir a sus ahorros para pagar renta, comida, luz y agua, pero también se le agotaron.
Después de nueve meses sin trabajo finalmente encontró uno, dos veces por semana, en la cocina de otro restaurante. Los ingresos, sin embargo, no le alcanzan.
“Tengo mucho miedo”, admitió la mujer, cuyo marido fue deportado a Nicaragua hace seis años. “Sólo le pido al Señor que no me enferme porque, si no, ¿quién va a cuidar de mis hijos?”.
Las perspectivas para 2021 son inciertas.
“Lo que más podría ayudar a los hispanos sería lo que ayudaría a cualquier otro trabajador”, expresó Daniel Costa, experto en asuntos laborales del Economic Policy Institute, refiriéndose a la aprobación de una ley que suministre ayuda económica y otorgue permiso de trabajo a inmigrantes que se desempeñan en tareas esenciales.
California y varias ciudades como Nueva York desembolsaron fondos dirigidos a inmigrantes sin estatus migratorio. Pero según grupos de asistencia y activistas no fueron suficientes y es necesario repetir esas iniciativas.
La expectativa es que el presidente electo Joe Biden cumpla su promesa de suspender temporalmente las deportaciones e implemente un sistema que priorice las repatriaciones de inmigrantes que cometieron delitos, similar al que estuvo vigente durante los últimos años de la presidencia de Barack Obama.
“Eso al menos le daría algo de alivio a los trabajadores sin autorización legal”, dijo Costa.
